La lista presidencial en la que se libró de estar PPK

Cada año y siete meses un presidente en América Latina no llega a cumplir el período para el que fue elegido. Por golpe de Estado, por renuncia o por proceso de destitución legislativo, 17 mandatarios acabaron sus días en el poder antes de lo pensado en nuestra región desde 1990.

Anteayer, al filo de la medianoche, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se salvó de convertirse en el número 18 de esta lista. Repitió, así, lo que le ocurrió a su homólogo paraguayo Luis González Macchi hace 14 años, cuando el Senado de su país no alcanzó los votos necesarios para su salida en el juicio político por corrupción que le inició.

Han sido los únicos dos casos en que el Parlamento no consiguió su cometido. En otros seis la vacancia sí prosperó y ello, más allá de la constitucionalidad del acto, generó diversas consecuencias.

Crisis en Venezuela

Año y medio después de que abortara la intentona golpista de un entonces desconocido teniente coronel Hugo Chávez, en agosto de 1993 Carlos Andrés Pérez fue despojado del cargo presidencial y la seria crisis económica del país llanero se agudizó.

La inflación se disparó a niveles sin precedentes en el siglo XX y costó unos 11 mil millones de dólares en fondos públicos. La confianza y credibilidad en las instituciones bancarias se fue al hoyo.

Pero acaso lo más serio fue que el gobierno del sucesor de Pérez, Rafael Caldera, tomó unos tintes populistas que derivaron en el sobreseimiento y puesta en libertad de los militares golpistas. Y desde allí Hugo Chávez no paró más.

Caos ecuatoriano

En menos de diez años el Legislativo de Ecuador derribó a dos jefes de Estado: Abdalá Bucaram (1997) y Lucio Gutiérrez (2005). “Ambas destituciones legislativas no favorecieron la estabilidad institucional y generaron coaliciones espurias que aprovecharon el vacío de poder”, nos dice el politólogo ecuatoriano Julio Echeverría.

Añade que las acusaciones a ambos mandatarios “en ningún caso derivaron en causas judiciales sólidas que verificaran el cometimiento de delitos, incluso Gutiérrez fue liberado por falta de pruebas”. La aguda crisis institucional fue la marca de aquellos tiempos.

Honduras en coma

Los sucesos de junio del 2009 en Honduras marcaron el fin de Manuel Zelaya en la presidencia y el inicio de una serie de sanciones económicas, comerciales y diplomáticas con que la comunidad internacional mostró su disgusto por una vacancia en la que los militares jugaron un rol crucial.

Venezuela dejó en el aire sus subsidios petroleros por medio de Petrocaribe, EE.UU. frenó más de 30 millones de dólares de asistencia militar y ayuda en la lucha contra el narcotráfico y cuatro países vecinos suspendieron todo comercio terrestre con Honduras.

Las sanciones afectaron al país en casi US$2 mil millones y la crisis política derivó en el retiro del apoyo financiero del FMI, del Banco Mundial y de la banca multilateral.

Aislamiento paraguayo

“Las elecciones del 2013 dieron una vuelta de página a un período que todos los paraguayos querían pasar de una vez por todas”. El analista político Alfredo Boccia resumió así lo que significaron los 12 meses siguientes a la destitución de Fernando Lugo, tiempo en que el país sufrió un duro aislamiento regional.

En represalia por aquel descabezamiento express, la Unasur y el Mercosur suspendieron a Paraguay de su participación en ambos bloques. Este último aprovechó incluso la ausencia del Estado guaraní para acoger a Venezuela en su seno, un ingreso que el Congreso paraguayo bloqueaba desde hacía años.

Las relaciones bilaterales con varios países de la zona quedaron congeladas y la lucha contra la pobreza sufrió un parón en ese lapso.

Hora incierta en Brasil

Dilma Rousseff ha sido la última jefa de Estado que ha sido echada del puesto por mano del Parlamento en estos lares. Y cerca ha estado su sucesor Michel Temer de haber sido sometido a un juicio similar.

“La destitución de Rousseff ha debilitado la imagen presidencial, ha hecho que la salida de un mandatario se vea como algo más común de lo que debe ser en la realidad”, opina el analista brasileño Juliano Griebeler.

Según cuenta a El Comercio, el desequilibrio que hoy se vive entre los tres poderes –“el Poder Judicial tiene una actuación política radical en función de los líos de corrupción”– redunda en “momentos sin precedentes en el país que dificultan a las compañías a hacer planes de largo plazo”.

Y remata diciendo que la existencia de políticos acusados de corrupción sin mayores pruebas puede traer un alto costo para la democracia.