“Sacar a los militares sería un retroceso para el Perú”

De entrada, Erika Guevara pinta un panorama negativo: “Somos la región más violenta del mundo. De las 50 ciudades más violentas del planeta, 47 se encuentran en América. Principalmente en Brasil, México, Honduras y El Salvador. Además, si bien no es la más pobre, es la región más desigual. No solo hay una brecha económica, sino también social y de acceso a la justicia”.

—Venezuela es un caso que le debe preocupar...
Los grandes índices de violencia no son nuevos en Venezuela pero sin duda se han ido intensificando. El presidente Maduro decretó un estado de excepción por 60 días que viola los propios preceptos de la Constitución, pero también preocupa que no esté en línea con estándares internacionales, sobre todo cuando tiene que ver con el control militar de las protestas o darle autoridad máxima al presidente para que tome cualquier medida que él considere. Evidentemente, la preocupación crece día a día, igual que la crisis humanitaria. 

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—A inicios de semana el futbolista Alan Pulido fue secuestrado en México, un país que registra seis secuestros diarios.
México tiene un problema estructural y sistemático. Tiene que ver con los grandes problemas de corrupción, colusión de las autoridades con el crimen organizado y la impunidad. En México el que te secuestra, te asesina, te viola o la autoridad que te desaparece no tiene ningún castigo. México inició hace una década una guerra contra el crimen organizado y narcotráfico, pero fue una respuesta militarista a un problema social. La desaparición de los 43 estudiantes es solo la punta del iceberg, hay más de 27 mil desapariciones en esta crisis. El Caso Ayotzinapa dejó al descubierto esta colusión del Estado con el crimen organizado.

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—Según su organización, hay una crisis de migrantes en México....
Sobre todo contra los hondureños y salvadoreños. Desde la entrada hay extorsiones de las autoridades, si tienen suerte logran pasar pero lamentablemente un gran porcentaje de esa población en movilidad sufre de desapariciones forzadas, una de cada tres mujeres es violada no una sino varias veces en el camino. Imagínate que hemos entrevistado a gente de El Salvador y Honduras que toman pastillas anticonceptivas antes de migrar porque ya saben que las van a violar. Últimamente, en medio de la guerra del narcotráfico, la violencia se ha ensañado con los migrantes, refugiados o quienes buscan protección.

—¿Ha aumentado el crimen organizado?
En Centroamérica están dejando secuelas en las comunidades y se han convertido en grupos transnacionales. Hoy te encuentras grupos de maras en la frontera entre Guatemala y México, ellos generan el tráfico de personas como uno de sus principales negocios. Cuentan con armamento de mayor tecnología que cualquier ejército de Centroamérica. Ante la ineficaz respuesta de los estados vemos este resultado.

—¿Cómo respondieron?
Con mucho mayor militarización y violencia, que han generado una crisis de inviabilidad en estos países y ha provocado que la población esté escapando.

— El tema del narcotráfico ha estado presente en la campaña peruana. ¿Cómo ha visto esta situación?
Lo que es preocupante para nosotros en esta campaña es que no se ha mostrado que exista un plan sobre derechos humanos. Hemos recibido con preocupación expresiones que ponen en peligro los derechos humanos. 

—¿Como cuáles?
Las famosas estrategias de mano dura, sacar a los militares a cumplir funciones de seguridad pública o reinstaurar la pena de muerte. Eso sería un retroceso prehistórico para el país. Nos preocupa eso porque genera un estado de inestabilidad. Antes: ¿cuál es la agenda en derechos humanos? Hay muchos temas pendientes como el de las mujeres esterilizadas forzosamente, los derechos de la comunidad LGBTI. Hay muchos temas que han rezagado al Perú del resto de la región y es necesario que el nuevo gobierno tome cartas desde el día uno.

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—¿La presencia de militares en las calles de El Salvador, Honduras y México demuestra que ese modelo no es efectivo?
Está probado y comprobado, no solo en nuestra región, que las situaciones en las que los militares han debido ejercer la seguridad pública han sido fallidas, solo generan contextos de mayor vulnerabilidad para la violación de los derechos humanos.

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