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Amnistía Internacional dice que se ha visto obligada a suspender sus operaciones en India, alegando represalias por parte de las autoridades locales y acusando al gobierno de llevar a cabo una “caza de brujas” contra las organizaciones de derechos humanos.
El grupo anunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas y tuvo que despedir personal en el país asiático y suspender todas sus campañas y su trabajo de investigación.
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El gobierno indio aún no ha respondido a las acusaciones.
“Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en India. Amnistía Internacional India se ha enfrentado a una avalancha de ataques, intimidación y acoso por parte del gobierno de una manera muy sistemática”, le dijo a la BBC Rajat Khosla, director general de Investigación y Trabajo de Incidencia de la organización.
“Todo esto se debe al trabajo de derechos humanos que estábamos haciendo y a que el gobierno no quería responder a las preguntas que planteamos, ya sea sobre nuestras investigaciones de los disturbios en Nueva Delhi o del silenciamiento de voces en Jammu y Cachemira”.
En un informe publicado el mes pasado, el grupo denunció que la policía había cometido violaciones de derechos humanos durante los disturbios entre hindúes y musulmanes en el barrio de Bhajanpura, en Nueva Delhi, ocurridos en febrero de este año.
Pero refutando los hechos, la policía de Nueva Delhi calificó el informe de Amnistía como “desequilibrado, sesgado y malicioso”, en una entrevista al diario The Hindu.
A principios de agosto, en el primer aniversario de la revocación del estatuto especial de la disputada región de Cachemira, administrada por India, Amnistía pidió la liberación de todos los líderes políticos, activistas y periodistas detenidos, y la reanudación de los servicios de internet de alta velocidad en la región.
De igual forma, en 2019, el grupo destacó sus hallazgos sobre detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva y tortura en Cachemira ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., durante una audiencia sobre los derechos humanos en el sur de Asia.
![Amnistía Internacional denunció el año pasado detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva y tortura en Cachemira. En una investigación de la BBC, se encontraron testimonios de personas que habían sido torturadas en la región.](https://elcomercio.pe/resizer/axLK9kzdTzjKgl3xdqiUVZeBPQM=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CLIRKBJNIFHGPOMJTAKY6TE2OE.jpg)
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO
Amnistía también ha condenado en varias ocasiones lo que describe como una ofensiva contra la disidencia en India.
La organización de derechos humanos -que se ha enfrentado al escrutinio de diferentes agencias gubernamentales en los últimos años- dice que el congelamiento de sus cuentas bancarias a principios de este mes fue la gota que colmó el vaso.
En agosto de 2016, India acusó de “sedición” a Amnistía Internacional alegando unas supuestas consignas antiindias que se habrían utilizado en uno de sus eventos en el país. Tres años después, un tribunal ordenó que se retiraran los cargos.
En octubre de 2018, las oficinas del grupo en la ciudad de Bangalore (sur) fueron allanadas por el Enforcement Directorate, un organismo gubernamental que investiga delitos financieros. Sus cuentas también fueron congeladas en ese entonces, pero Amnistía dice que pudo acceder a ellas después de solicitar la intervención de un tribunal.
Y a principios de 2019, la organización dice que decenas de sus pequeños donantes recibieron cartas del departamento de impuestos sobre la renta del país.
Meses después, las oficinas de Amnistía Internacional fueron allanadas nuevamente, esta vez por la Oficina Central de Investigación, en base a un caso registrado por el Ministerio del Interior indio.
Los gobiernos en India han sido cautelosos con las organizaciones sin fines de lucro financiadas con fondos extranjeros, en particular las que se dedican a proteger los derechos humanos.
![El gobierno indio ha tenido una tensa relación con una parte de los habitantes de Cachemira durante décadas. (Foto: GETTY IMAGES)](https://elcomercio.pe/resizer/dVx4mjOJALOSxkpINPLw_9JpnIE=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FXUE44MM7VC7TKHTV6NKH6THWQ.jpg)
“CON MUCHO PESAR”
Amnistía Internacional había suspendido anteriormente sus operaciones en India en 2009, debido a lo que el grupo dijo que era un repetido rechazo a una licencia que le permite recibir fondos del extranjero.
A lo largo de los años, las reglas sobre la recepción de fondos extranjeros se han endurecido y les han prohibido a miles de organizaciones sin fines de lucro recibir dinero del extranjero.
El gobierno actual dijo que Amnistía Internacional estaba siendo investigada por sospechas de que estarían violando las leyes indias referentes a la financiación extranjera.
“Esa es una mentira descarada. Amnistía Internacional India cumple plenamente con todos los requisitos legales nacionales y también con los requisitos legales internacionales”, le dijo a la BBC Rajat Khosla.
El anuncio de la organización se produce en medio de una creciente preocupación por el estado de la libertad de expresión en India. Según los activistas, la continuación de esto podría dañar la reputación que tiene India de ser una democracia próspera.
“India no queda bien parada con estas medidas que está tomando. Operamos en más de 70 países, y el único otro país en el que nos vimos obligados a cerrar operaciones fue Rusia en 2016”, dice Khosla.
“Espero que la gente de todo el mundo se siente y se dé cuenta. Estamos haciendo esto con mucho pesar y con un profundo sentido de angustia y dolor”.
Amnestía Internacional asegura que continuará peleando sus casos legales en India.
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