Partido opositor propone indemnizar a víctimas del régimen de excepción impuesto por Bukele en El Salvador

El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso este martes a la Asamblea Legislativa una ley que indemnice a las víctimas de detenciones arbitrarias u otros atropellos en el marco del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo en El Salvador para erradicar a las pandillas.

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Jaime Guevara, diputado del FMLN, presentó la iniciativa de “Ley transitoria de compensación económica para las víctimas del régimen de excepción”.

“Este anteproyecto de ley lo que pretende es que todas las personas que han sido víctimas, que han sido capturadas bajo este régimen de excepción y que no tienen absolutamente nada que ver con las estructuras criminales puedan recibir una compensación económica”, dijo a periodistas.

Explicó que su propuesta, que debe ingresar a una comisión para su estudio, establece una indemnización mayor a 3.000 dólares para quienes “han sufrido abusos en materia de derechos humanos”.

El parlamentario afirmó que durante el régimen se ha dado la “violación a los derechos humanos de muchas personas” sin vinculación con las pandillas, además de muertes de personas detenidas “con signos de tortura”.

Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.

Las autoridades han informado sobre la detención más de 45.000 personas, pero no han brindado más detalles sobre las capturas.

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.

Las ONG salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.

Más de 100 días después de la implementación del régimen de excepción, con el que el Gobierno engarza la llamada “guerra contra las pandillas”, las autoridades han cerrado el flujo de información oficial que permitiría conocer la cantidad de arrestos arbitrarios o las muertes bajo custodia estatal.