Qué dice el informe que acusa a Venezuela de crímenes de lesa humanidad

El martes, un grupo de expertos, designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.

El documento, presentado en la sede de la OEA, en Washington, asegura que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La versión pública de este documento incluye secciones que han sido oscurecidas para proteger la identidad de las víctimas y/o los miembros de sus familias que temen represalias por testificar sobre crímenes y abusos.

Dicho informe consta de 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General. También de docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas también a la Secretaría General, a lo largo del proceso, y documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Estas son las conclusiones del informe:

►Se identifica 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos.

►Se identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015.

►Se identifica más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013.

► Se identifica a más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno.

► Se identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

En el documento, que consta de 400 páginas, se indica además que ni el Panel de Expertos Internacionales ni la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones en Venezuela para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas.

El grupo de expertos pide que el Secretario General invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.