Familiares y abogados de Leopoldo López pidieron el viernes a la Cruz Roja que compruebe la salud del encarcelado líder opositor de Venezuela y anunciaron que presentarán en España una denuncia por presuntos delitos de terrorismo contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La hermana del opositor, Diana López, señaló además en Madrid que la familia rechaza como prueba de vida el video de Leopoldo López que difundió Diosdado Cabello, líder del partido socialista que gobierna Venezuela. [Venezuela: Gobierno prueba con este video que López está vivo]
Diana López destacó que su hermano no llevaba durante el video del jueves una cruz al cuello con la que aparece en otras imágenes y que el cuerpo “parece el de un fisicoculturista” cuyo rostro “no se aprecia con claridad”.
“Tenemos grandes dudas sobre este video y no lo aceptamos como fe de vida”, dijo Diana López sentada junto a Leopoldo López Gil, el padre del opositor encarcelado. Ambos denunciaron que el opositor lleva casi un mes en aislamiento y, tras los rumores sobre su estado de salud de esta semana, pidieron como fe de vida irrefutable la visita de familiares y abogados. [Padre de López pide que Cruz Roja compruebe estado de su hijo]
La exigencia de Diana López iba dirigida al ministro de Defensa Vladimiro Padrino López como responsable del paradero y bienestar de su hermano, al que un familiar vio por última vez en la cárcel el pasado 7 de abril.
Venezuela está siendo sacudida por protestas casi diarias contra el gobierno de Nicolás Maduro y que han dejado al menos 37 muertos. La represión de las fuerzas de seguridad ha sido la más sangrienta desde que Leopoldo López encabezó semanas de protestas en 2014 por las que fue sentenciado a casi 14 años de prisión.
En aquel momento se le atribuyó el delito de incitación a la violencia, cargos que sus correligionarios consideran exagerados. “Le tienen miedo a la palabra de Leopoldo, por eso lo condenaron, por eso lo mandaron preso y ahora lo mantienen aislado”, dijo el viernes la hermana durante una rueda de prensa en Madrid en el bufete de abogados familiar.
--- "Parece una banda de secuestradores" ---
Alberto Ruíz Gallardón, el exministro español de Justicia que, junto a Javier Cremades y el ex presidente del gobierno Felipe González, conforma el equipo legal de la familia López, dijo en referencia al video que “la respuesta que ha dado el gobierno (de Venezuela) es lo más parecido a una banda de secuestradores cuando quieren la recompensa por un rehén”.
Los abogados enviaron el viernes una carta al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, pidiendo que “comprueben, mediante contacto personal, el estado de salud de don Leopoldo López, así como las duras condiciones de la vida carcelaria”.
La Cruz Roja no respondió de forma inmediata a preguntas sobre el caso enviadas el viernes por The Associated Press.
Asimismo, el equipo legal anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Antiterrorismo de España para que investigue el supuesto delito de terrorismo en Venezuela argumentando que el gobierno ha subvertido el orden constitucional y ha alterado gravemente la paz pública.
La ley española permite a los jueces investigar delitos cometidos fuera del país siempre que la víctima sea española, aunque pocos son los casos que han llegado a los tribunales y, menos aún, los que han prosperado.
En este caso los abogados quieren iniciar la demanda por el encarcelamiento de los ciudadanos españoles Andrea González y Yon Goicoechea, encarcelados en condiciones similares a las de López, y ampliarla después a otros presos.
“Si grupos paramilitares están armados, consentidos e inducidos por el gobierno, éste es también responsable del delito material que cometan estos terroristas,” señaló Gallardón, quien era ministro de Justicia en 2014 cuando el gobierno español limitó el ámbito de actuación de la justicia universal.
Los abogados y familiares del líder opositor también apoyaron la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para visitar personalmente a Leopoldo López. “Una negativa de atender a la petición es una violación flagrante de las obligaciones que un Estado miembro tiene”, señaló Gallardón.
Fuente: AP