Los comicios presidenciales del 20 de octubre en Bolivia siguen sumando actores en el proceso de verificar si los resultados que le otorgarían un cuarto mandato a Evo Morales no fueron afectados por un “fraude electoral”, como denuncia la oposición.
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El domingo, tres días después de que una misión de la OEA iniciara una auditoría vinculante sobre el proceso electoral, el canciller Diego Pary anunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había solicitado que se le permita al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) realizar una auditoría en paralelo.
El lunes, durante una presentación ante la OEA en la que denunció que se estaba gestando un golpe de Estado en el país altiplánico, Pary dejó ver que esta solicitud había sido aprobada por el gobierno de Morales.
“En realidad son auditorías complementarias que no se contradicen pues lo que se va a hacer es la verificación de lo que ha sucedido el día de las elecciones. Se va a verificar desde el primer momento en que se empieza a votar hasta el momento en que se hace el cómputo de votos; por lo tanto, no tendría que haber ninguna diferencia entre el proceso de verificación que hagan”, señaló el canciller.
El Ceela es el mismo organismo que durante 14 años se encargó de auditar las elecciones favorables para el chavismo en Venezuela. En todas ellas dio por conclusión que fueron procesos “transparentes y legítimos”.
La más reciente de estas auditorías la practicó sobre el proceso de reelección de Nicolás Maduro en el 2018, denunciado como ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, la relación entre el Ceela y el chavismo se remontaría al 2004, durante el nacimiento del polémico Consejo. Según una investigación del medio nicaragüense El Nuevo Diario, esta institución habría sido creada por orden de Hugo Chávez, con la intención de tener una institución paralela a la OEA.
“Estando en una reunión en Venezuela, un grupo de magistrados electorales de América Latina comenzó a discutir por qué no formábamos un organismo latinoamericano de magistrados y exmagistrados que fuese independiente de la OEA (…) la idea era crear un organismo internacional que nos permitiera desarrollar nuestra propia estrategia de lucha para apoyar e incidir en la organización de partidos políticos de izquierda de América Latina en su lucha por acceder al poder mediante este sistema (elecciones)”, dijo el magistrado nicaragüense José Luis Villavicencia durante el Foro de Sao Paulo del 2007, según la investigación de El Nuevo Diario.
Justamente Nicaragua es otro país donde el Ceela también ha validado elecciones que resultaron favorables para Daniel Ortega, aliado del chavismo y acusado en multitudinarias protestas de perpetuarse en el cargo.
El caso más reciente al respecto es el de Wilfredo Penco, quien participa como observador electoral en Nicaragua desde el 2008, en aquella oportunidad lo hizo en calidad de jefe temporal de la misión del Ceela.
Tres años después, Penco también participó en la misión observadora del Ceela. El Consejo validó el proceso pese a que los representantes de la OEA y de la Unión Europea lo calificó de irregular y como un “retroceso en la calidad democrática” debido a la “escasa transparencia y neutralidad” que tuvo.
Sin embargo, el nombre de Penco sonó aún con más fuerza en noviembre del 2017 cuando fue designado por la OEA para encabezar la misión que se encargaría de observar el proceso electoral nicaragüense.
No se posee mucha información oficial del Ceela, más allá de las investigaciones periodísticas realizadas por medios como El Nuevo Diario. El hermetismo de la organización es tal que ni siquiera cuenta con una página web oficial.
Sin embargo, se conoce que su presidente actual es Nicanor Moscoso Pezo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, y entre sus miembros habrían varias exautoridades electorales de la región, según un artículo del diario El Deber de Bolivia.