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España facilitará la vida de los inmigrantes. Por lo menos ese es el propósito de la reforma al reglamento de la Ley de Extranjería que el Consejo de Ministros aprobó el martes 26 de julio.
En palabras de José Luis Escrivá, ministro de Migraciones, se trata de una serie de instrumentos que van a propiciar “el que venga una migración regular, ordenada y segura” Destaca el arraigo social, laboral y de reagrupación familiar.
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Además, explica que “se crea una nueva figura de arraigo: el arraigo por formación, que va a permitir a los inmigrantes que viven ya dos años en España y que quieran acceder a la formación en profesiones particularmente deficitarias que lo puedan hacer y que sea una pasarela hacia el mercado de trabajo”.
Por otra parte, se facilitará el trabajo cuando se terminen los estudios (incluso antes de finalizarlos) y se modernizarán los requisitos de acceso al trabajo autónomo, que, según el mismo ministro, “eran extraordinariamente complejos y exigentes”.
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También se va a mejorar el modelo de migración estacional y a actualizar el catálogo de ocupaciones particularmente demandadas en España. Y es el que el propósito de la reforma también consiste en la consecución de capital humano para la cobertura de vacantes en áreas determinadas.
La modificación es ambiciosa, y el abogado Juan Manuel Campo, experto en migración en España, resume de la siguiente manera su objetivo:
“Se trata de flexibilizar el procedimiento al que deben ajustarse empleadores, futuros empleados por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia, la oficina de Extranjería, los estudiantes extracomunitarios de cara a la eliminación de requisitos y documentos que dilatan y entorpecen los trámites idóneos que no permiten ajustarse y satisfacer en tiempo real las necesidades del mercado laboral que se requiere en España”.
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En su opinión, “es destacable el esfuerzo del Gobierno para asumir esta reforma, modificación que llega tarde y obligada y que no va dirigida a toda la población extranjera irregular asentada en España, pero no por ello excluye el mérito que le corresponde”.
Y advierte sobre un potencial riesgo: “ojalá no suponga un efecto llamada, que conlleva un trabajo marginal carente de derechos y protección legal”.
Vacíos de origen
En pocas palabras, “el objetivo de la norma que se pretende reformar es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio”, como explica el Real Decreto que modifica la Ley Orgánica 2/2000, a la vez modificada por el Real Decreto/2011.
Este reconoce que “es preciso reforzar aquellos elementos de la política migratoria que permitan la incorporación de perfiles altamente demandados por múltiples sectores económicos que actualmente encuentran dificultades para la cobertura de vacantes”.
Es decir que España se beneficia al contar con gente para activar las inversiones que deben transformar la economía española.
Algunos de los sectores carentes de especialistas son las tecnologías de la información, de análisis de datos, de componentes de la nube y desarrolladores de aplicaciones.
También hay problemas en ocupaciones técnicas de nivel medio y en algunos sectores con cualificaciones bajas. Entre las que sufren mayor urgencia están los teleoperadores, representantes comerciales, conductores de vehículos de reparto y desarrolladores de software.
Las modificaciones no solo tienen en cuenta el panorama presente, sino prevén el futuro en una sociedad que posee una de las poblaciones más viejas de Europa.
”En los próximos años, a medida que un mayor volumen de personas alcance la edad de la jubilación, se va a producir un importante retroceso en el volumen de la población activa”, contempla el documento aprobado en el Consejo de Ministros.
”Las proyecciones apuntan a que en 2030 los mayores de 65 años representarán un 35% de la población en edad de trabajar frente al 29% en 2021″, agrega.
Un modelo con problemas
El decreto aprobado reforma algunos artículos que datan de 2011, hace más de una década. Se trata de un momento en que España, que hasta entonces era un país de emigrantes, empezaba a recibir extranjeros.
”En el ámbito reglamentario, la principal norma de referencia se inserta en una coyuntura aún marcada por la crisis económica iniciada en 2008″, explica el documento.”.
Tal como lo han constatado miles de inmigrantes, existe “un sistema de respuesta lenta”, que favorece la “proliferación de la economía sumergida y que se traduce en altos costes económicos”.
La burocracia española es particularmente pesada, tediosa, ineficaz y torpe.Los inmigrantes son sometidos a largas horas de colas, citas lejanas y trámites irracionales, que muchas veces los dejan en un limbo jurídico que les dificulta cualquier actividad laboral.
”La obtención de la autorización de trabajo es un procedimiento complejo y que se dilata en el tiempo, y que se encuentra supeditado a un análisis de la situación nacional de empleo que no refleja adecuadamente las necesidades del mercado de trabajo español, llegando a imposibilitar la obtención de una autorización de trabajo desde el extranjero para la mayoría de las ocupaciones”, reconoce la reforma.
“En último término, este sistema tiene como principal externalidad negativa la pervivencia y el fomento de grandes bolsas de economía sumergida, un fenómeno que se nutre de la incorporación de muchas personas de origen extranjero al mercado laboral a través de la utilización de vías concebidas como extraordinarias”, indica.
La ley 14 de 2013 fomentó la migración cualificada, el apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aunque, como reconoce la reforma aprobada, “precisan de una acción aún más contundente”.
Modificaciones
Un artículo único modifica el reglamento de extranjería en cinco ejes: reforma laboral y adecuación de las autorizaciones de duración determinada y la gestión colectiva de contratación en origen, las autorizaciones excepcionales por arraigo, la determinación de la situación nacional de empleo, el régimen de estudiantes y de autorizaciones por cuenta propia.
En el ámbito laboral, se plantea la creación de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que analice las carencias de personal del mercado laboral. De igual manera, se planea facilitar la contratación en los países de origen y la migración circular (la estacional, que establece el retorno al cabo de un tiempo).
Se espera adecuar los arraigos laboral, social y familiar a la realidad actual, y, como se mencionó, crear el arraigo para la formación.
Para el caso de los estudiantes no comunitarios —se calcula que rondan los 50 mil—, se establecerán medidas que les permitan su incorporación inmediata al mercado. Esto, a la vez, producirá un efecto en la sociedad, que contará con perfiles muy cualificados.
Por otra parte, se allana el camino para los trabajadores por cuenta propia, que hasta ahora tenían que estar vinculados a una gran inversión.
Ahora se tendrán en cuenta las necesidades económicas de su proyecto laboral, se reducirán las condiciones (como su presentación y estudio de la incidencia en la creación de empleo) y se facilitarán las renovaciones. Al mismo tiempo, se ayudará en la compatibilidad entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena.
Otra modificación prevista es el establecimiento de un nuevo modelo de Oficina de Extranjería que garantice el interés de las empresas para obtener permisos para sus trabajadores, así como el interés de los mismos extranjeros.
Se piensa crear una unidad centralizada que ayude a las oficinas que atraviesan problemas, con el fin de prestar un servicio óptimo al ciudadano.
Efecto llamada
La principal crítica que ha recibido esta reforma es el conocido como “efecto llamada”, la constitución de una especie de invitación a que los inmigrantes lleguen a España.
Aunque suele ser un argumento utilizado por la oposición —en cabeza del Partido Popular—, en esta oportunidad el Ministerio del Interior fue la institución que mostró contrario a la reforma con el alegato de que promovería el ingreso de extranjeros y su difusión por las redes de tráfico de personas.
Sin embargo el Consejo de Estado, que dio luz verde al proyecto, aseguró que tales objeciones eran “cuestiones de oportunidad política, no de igualdad”.
Cifras
El 1 de enero de este año, la población en España era de 47.432.805, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 5.417.883 eran extranjeros.
De esa cifra, de acuerdo con el INE, 315.885 corresponde a los colombianos (cuarto lugar después de marroquíes, rumanos e ingleses), aunque se calcula que la cifra general (que cuenta nacionalizados e ilegales) supera el medio millón.
JUANITA SAMPER OSPINACorresponsal El TiempoMadrid, España
