El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D.C., salió este viernes de la cárcel, al cumplirse el tiempo máximo de prisión preventiva en España a la espera de juicio (cuatro años), para indignación de la familia de la víctima, que teme que se fugue.
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Según presenció EFE, Raúl D. abandonó la cárcel en la localidad de Arrecife (isla de Lanzarote, Atlántico), justo el día que se cumple cuatro años desde que fue enviado a prisión preventiva como presunto autor de delitos de homicidio y malos tratos, entre otros, el 13 de enero de 2019.
Romina Celeste Núñez murió el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise (Lanzarote). Su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero siempre negó haberla asesinado, ya que sostiene que se la encontró muerta al regresar a casa de madrugada y que se asustó, porque temía que le culpasen a él (Romina ya lo había denunciado por malos tratos).
Según la Fiscalía, que reclama para Raúl D.C. 20 años de cárcel, en su relación con Romina Celeste hay al menos otros dos episodios previos de malos tratos en 2018 y en diciembre 2019, cuando ella se presentó de madrugada en el Hospital de Lanzarote con lesiones, aunque ningún médico la vio entonces porque Raúl D.C. se la llevó antes; cuarenta y ocho horas más tarde, perdió la vida.
El cadáver de la mujer nunca se recuperó, lo que impide a las acusaciones ser más precisas sobre cómo la mató su marido, según sus tesis. Pero sí se recuperaron restos de tejido que el mar devolvió a la costa, identificados gracias al ADN, circunstancia en la que se basan los cargos de homicidio.
El Juzgado de Arrecife acabó la instrucción del caso a medianos de diciembre de 2019, sin embargo, tres años más tarde no se ha puesto fecha al juicio; desde entonces, ha habido un cambio de juez y la acusación ha presentado numerosos recursos.
Al cumplirse dos años de su detención, el juez encargado del caso ordenó que Raúl D.C. siguiera en la cárcel “el tiempo que fuera necesario” hasta que se fijara la vista oral, pero señaló como límite el 13 de enero de 2023, cuando se cumplen los cuatro años que como máximo autoriza la ley para retener en prisión a un ciudadano sin someterlo a juicio.
Por eso, la Audiencia de Las Palmas ordenó ayer que fuera puesto en libertad provisional sin fianza, aunque con algunas cautelas: se le retiró el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer en los juzgados todos los lunes.
En un videocomunicado, la abogada de la familia de Romina, Emilia Zaballos, cuestiona esas medidas: “Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante”, dice y además, “supone un sufrimiento más para la familia”.
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