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Madrid.- La justicia de España ordenó a seis nietos del dictador Francisco Franco (1939-1975) devolver al Estado un palacete en Galicia (noroeste) del que su familia disfrutó durante décadas, anunció el poder judicial.
El juzgado de La Coruña dio la razón a la demanda presentada el año pasado por el Estado español, la cual argumentaba que la compra en 1941 del Pazo de Meirás, utilizado por Franco como residencia veraniega, había sido “simulada y fraudulenta”.
La finca había sido donada por su propietaria y adquirida por un organismo franquista ad hoc en 1938, en plena Guerra Civil española (1936-1939), que Franco ganaría al frente del llamado ‘bando nacional’, alzado en armas contra la II República (1931-1936).
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En la sentencia, recibida por AFP, el tribunal declaró la “nulidad” de la donación de 1938, pues la propiedad fue regalada “al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal”.
Igualmente, el tribunal declaró nula la compraventa de 1941, por considerarla una “simulación” en la que “Franco nada paga”.
En consecuencia, el tribunal coruñés anunció que “condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad”.
“Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble” tras la muerte del dictador en 1975, explicó además en un comunicado el Poder Judicial.
La sentencia puede ser recurrida en un plazo de veinte días desde la notificación a las partes, puntualizó la sentencia.
Desde Madrid, el gobierno de izquierdas se felicitó por la decisión. “Celebramos esta sentencia. Nos parece de justicia. Es un patrimonio que pertenece al pueblo español, que tenía que volver al pueblo español”, declaró la portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero.
La residencia, construida entre 1893 y 1907, había sido declarada monumento de interés cultural por el parlamento regional de Galicia en 2018, lo que significa que debía ser abierto al público.
Pero los descendientes de Franco cuestionaron la decisión, argumentando que era una propiedad privada.
La decisión conocida este miércoles es un nuevo revés para los nietos de Franco, que con numerosos recursos ante la justicia trataron sin éxito de impedir su exhumación del Valle de los Caídos, el gigantesco mausoleo católico a 50 km de Madrid donde le rendían homenaje sus nostálgicos.
Por iniciativa del actual gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, el dictador, originario de Ferrol, en Galicia, está enterrado desde octubre de 2019 en una cripta familiar en el cementerio de El Pardo, a las afueras de Madrid.
Fuente: AFP
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