Las cacerolas y bocinas que sonaron en la noche del martes en algunas partes de Colombia no eran todas para celebrar la orden de prisión preventiva para Álvaro Uribe.
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Algunas, como las que se oyeron en una larga fila de automóviles en Bogotá, eran para mostrar apoyo hacia el expresidente después de la histórica decisión de la Corte Suprema de privar de la libertad a un mandatario por primera vez en 60 años.
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A diferencia de otros países de América Latina, en Colombia ningún presidente elegido democráticamente ha pasado por la cárcel, pese a que las acusaciones por corrupción, vínculos con el narcotráfico y violación de derechos humanos han sido una constante.
El único que estuvo tras las rejas fue un militar que lideró un gobierno de facto durante cinco años en la década del 50: el general Gustavo Rojas Pinilla.
Pero que ninguno haya estado preso no quiere decir que los políticos en este país no cometieran delitos, sino que durante décadas el conflicto entre el Estado y las guerrillas determinó todos los desarrollos judiciales y políticos en el país.
"Durante muchos años imperó un 'canapé republicano' en el que se resolvía todo privadamente entre los partidos, hasta que el proceso de paz con la guerrilla rompió esa unidad entre las élites", dice León Valencia, analista crítico del uribismo.
Rafael Nieto, abogado y simpatizante de Uribe, añade: "Desde que (Juan Manuel) Santos dividió al país entre amigos y enemigos del proceso de paz, hubo una fractura en el país y hoy hay una parte de la política (el uribismo) que no encuentra garantías para ejercer y para que las decisiones de los tribunales se tomen en derecho".
Pero incluso antes de que, entre 2012 y 2016, el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dividiese al país, la política en Colombia ya estaba separada entre uribistas y antiuribistas.
Por eso, incluso si el exmandatario es declarado inocente en un caso que tomará años en resolverse, la decisión de la Corte el martes es extraordinaria: porque muestra que, para bien o para mal, incluso si Uribe es finalmente declarado inocente, hasta el político más poderoso de la historia reciente está sujeto al escrutinio judicial.
Por qué es tan importante
A finales de los años 90, Álvaro Uribe, por entonces en sus 40, surgió como una solución a todos los vicios de la política colombiana.
El fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC fortaleció a la guerrilla y aumentó tanto el escepticismo hacia el diálogo como la voluntad de mano dura.
Y Uribe, que además hizo campaña fuera de los partidos tradicionales, fue la carta ganadora para esa coyuntura: arrasó en las elecciones en primera vuelta, en 2002, y dio inicio una política de "seguridad democrática" apoyada por Estados Unido en medio de la "guerra contra el terrorismo".
Además, combinó la bonanza de los precios de las materias primas, que benefició a toda América Latina, con un estilo directo y cercano a la gente. Y consolidó una alianza que hoy se mantiene con poderosos grupos empresariales, mediáticos y militares.
Las guerrillas, en efecto, se vieron arrinconadas por Uribe, aunque no sin que las Fuerzas Armadas —según la justicia, investigaciones periodísticas y organizaciones humanitarias— cometieran crímenes, violaran los derechos humanos y se aliaran con los paramilitares.
Uribe, así como sus seguidores, ven esas acusaciones como falacias y una persecución política en contra de un hombre que, dicen, "devolvió la esperanza a Colombia".
Esa reputación de salvador le permitió, ya como senador, apadrinar la elección de dos presidentes —Juan Manuel Santos en su primer gobierno e Iván Duque en 2018— y liderar una coalición que ganó el plebiscito por el proceso de paz con las FARC en 2016.
Uribe es hoy un ídolo entrañable para muchos colombianos y su partido, el Centro Democrático, la fuerza política más importante del país, en parte porque la vigencia del conflicto y la polémica desmovilización y reintegración de guerrilleros mantienen viva la voluntad de mano dura y el escepticismo hacia el diálogo.
En 20 años, el antioqueño dio un revolcón a la política colombiana, pero no logró solucionar los vicios de la política que hoy, según la Corte Suprema, apuntan a él.
Qué significa
La batalla judicial entre Uribe y las cortes no es nueva: desde su gobierno, el mandatario mostró desconfianza ante un sistema judicial que consideraba ineficiente y politizado.
Además, fue la Corte Constitucional la que, en 2009, le negó la posibilidad de lanzarse a una segunda reelección bajo el argumento de que sería un atentado a la democracia.
Desde entonces, Uribe propone unificar las cortes en una: "Un sistema de cinco cortes y 127 magistrados en un país de 49 millones de habitantes solo se presta para que haya enfrentamientos entre tribunales, burocratización de la justicia, ineficiencia en la resolución de litigios y clientelización del sistema", dice Nieto.
Valencia, sin embargo, discrepa: “La multiplicidad de cortes implica una diversidad de poderes independientes, mientras que una sola corte es más manipulable, que es lo que necesita el uribismo así como todos los proyectos políticos autoritarios, empezando por el chavismo”.
El poder judicial colombiano actual es resultado de la iniciativa más ambiciosa y relevante que ha habido para acabar con los vicios de la política: la Constitución de 1991, considerada ejemplar por su carácter democrático e incluyente.
La Constitución se firmó tras un periodo de violencia atroz que incluyó, entre otras cosas, la ocupación, en 1985, del Palacio de Justicia por parte del M19, un movimiento guerrillero, y la masacre de civiles que dicha toma conllevó.
Pero ni la Carta Magna ni Uribe, con estrategias distintas y para muchos antagónicas, lograron resolver los vicios de la política en un país que sigue siendo uno de los más desiguales, corruptos y violentos del mundo.
Y la pregunta ahora es, a dos años de elecciones presidenciales, si el precedente político y simbólico que sentó la Corte al privar de su libertad al político más poderoso en décadas ayudará o no a que se resuelvan esos vicios.
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