Bogotá. La Corte Suprema de Justicia vinculó este martes formalmente al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) al proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una indagatoria que se extendió por más de siete horas.
“Al concluir indagatoria, el senador Álvaro Uribe Vélez quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo”, señaló el alto tribunal en sus redes sociales.
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Tras la indagatoria, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte tomaron esa determinación, con lo que más adelante podrán adoptar otras decisiones, que incluso puede llegar a la imputación de cargos.
El caso del exmandatario, senador desde el 2014 por el partido Centro Democrático, comenzó en el 2012 cuando demandó por manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que preparaba entonces una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
No obstante, la demanda se le convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el senador de izquierdas.
Fuentes del alto tribunal confirmaron a Efe que Uribe hizo la indagatoria completa, que comenzó a las 8:00 a.m. y terminó después de las 5: p.m., por lo no tendrá que volver a este miércoles a continuar su testimonio.
En ese sentido, la Corte pidió a los colombianos confiar en la Justicia durante el proceso.
“Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones frente a la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia”, afirmó el presidente de la Corte, magistrado Álvaro García, en un video publicado por el alto tribunal tras la indagatoria.
A lo largo de la jornada hubo manifestaciones al frente del Palacio de Justicia de simpatizantes y opositores de Uribe, que no llegaron a enfrentarse por la intermediación de la Policía.
Con el grito “¡Uribe, amigo, Colombia está contigo!”, miles de personas también se reunieron en el Parque Nacional para defender al líder político, mientras que sus detractores protestaron frente a ellos por las “innumerables violaciones a los derechos humanos” que consideran cometió durante su Gobierno.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”.
“Los jueces solo se basan en las pruebas legalmente incorporadas a los expedientes y los contenidos de la Constitución y las leyes”, agregó.
No obstante, resaltó que el tribunal destaca “el valor de la libertad de expresión en las manifestaciones ciudadanas como esenciales en un Estado de Derecho, independientemente de las tendencias políticas o causas que la motiven”.
“La libre defensa de las ideas en escenarios civilizados enriquecen la democracia”, añadió.
Es por ello que insistió en que Uribe cuenta con “plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le ha brindado la sala especial de la Corte” y recordó que “la indagatoria es el medio de defensa por excelencia para explicar personalmente los hechos que se investigan”.
“La Justicia en Colombia, las instituciones que la representan y los jueces que la integran actúan bajo el imperio de la ley”, apostilló.
Los testigos de uno y otro son en su mayoría exparamilitares presos y condenados quienes han dado distintas declaraciones, de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Entre ellos está el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve que hizo parte del Bloque Metro, que operaba en la zona de Medellín, y quien paga una condena de 40 años en la cárcel bogotana de La Picota.
Monsalve aseguró a Cepeda que en “Guacharacas”, una hacienda que fue propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia (noroeste), se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones, lo que ha sido negado por el expresidente.
El preso redactó después una carta en la que se retractaba de lo dicho y la hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia, en la que al final anotó que lo hacía “bajo presión”.
Como supuesto responsable de la maniobra de retractación aparece el abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos, entre ellos Monsalve, de que declararan a favor de Uribe.
Por si fuera poco, a finales de septiembre el periodista Daniel Coronell, director de noticias de Univisión y crítico de Uribe, publicó en su columna de la revista Semana una información según la cual la Corte Suprema y la Fiscalía tienen en su poder la grabación de una comprometedora llamada telefónica del abogado Cadena con su hermano Álvaro, referente a él.
En la llamada, Cadena, usando un vocabulario soez, le dice a su hermano que hay que “hacerle una fiesta” a Coronell, que “tiene un fetiche (...) con Uribe”, por sus constantes denuncias sobre el expresidente.
Las llamadas interceptadas por la justicia son otro componente y motivo de polémica en este caso, pues la Fiscalía tuvo acceso a numerosas conversaciones de Uribe, supuestamente por equivocación cuando investigaban otro caso, de un excongresista.
Los abogados del expresidente aseguran que se trató de una maniobra ilegal porque los agentes investigadores afirman que solo se dieron cuenta de que la persona interceptada era Uribe después de un mes escuchando las conversaciones y de allí extrajeron información para el proceso contra el exmandatario.
Con todos esos ingredientes en su poder, el pasado 19 de agosto la Corte Suprema citó a indagatoria a Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático, acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal.
Los dos tendrán que comparecer ante el magistrado César Reyes Medina, quien en mayo pasado asumió el caso iniciado por su colega Barceló, que se retiró de la Corte Suprema dos meses antes al cumplir su periodo.
La comparecencia de Uribe ante la Corte Suprema ha movilizado a miles de sus seguidores, que este domingo salieron a manifestarse en su apoyo en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, y prometen volver a las calles mañana en Bogotá, donde también se esperan concentraciones en su contra.
La decisión que tome la Corte, que incluso podría ordenar la detención preventiva de Uribe, tiene a los colombianos más divididos que nunca y podría alterar el balance político del país a escasos 20 días de las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Fuente: EFE / AFP