Las fotos más impactantes de los enfrentamientos en Argentina

Las fuerzas de seguridad de Argentina dispersaron el jueves con balas de goma y gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que se habían concentrado en las cercanías del Congreso argentino en rechazo a un controvertido proyecto oficialista que recorta las jubilaciones.

Las inmediaciones del edificio del Parlamento fueron escenario de escaramuzas entre policías, sindicalistas y activistas sociales que tiraron piedras y botellas y prendieron fuego contenedores de basura. El clima de tensión se reflejaba en las grandes medidas de seguridad desplegadas en torno a la sede legislativa minutos antes del inicio de una de las sesiones más caldeadas de los últimos tiempos.

Mientras se producían los incidentes, el oficialismo intentó iniciar el debate en la cámara baja aduciendo que había conseguido el número necesario de diputados para hacerlo. Pero legisladores de otros partidos se negaron a sentarse en sus bancas y reclamaron a gritos al presidente del cuerpo que suspendiera la sesión.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, supone un recorte en los haberes jubilatorios, pensiones y ayudas para familias pobres a partir de marzo de 2018.

El gobierno del presidente Mauricio Macri apuesta a convertirlo en ley en la cámara baja, para lo que necesita el apoyo de los diputados que responden a los gobernadores de las provincias. La reforma fue pactada en el marco de un acuerdo con los mandatarios provinciales que les garantiza financiación para sus deficitarias arcas públicas.

La iniciativa se suma a otros proyectos de reforma con los que el gobierno intenta recortar el déficit y que en los últimos tiempos han incrementado el malestar social.

La principal central sindical ha anunciado una huelga para el viernes en caso de que la reforma sea aprobada.

El proyecto tiene como eje central la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que establece los aumentos periódicos aplicados a los haberes en un contexto inflacionario. Abogados advirtieron que la aplicación retroactiva de este mecanismo es inconstitucional y opositores vaticinaron una catarata de juicios por parte de los jubilados.

En la actualidad las jubilaciones se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. El proyecto contempla que el aumento sea trimestral y se establezca en un 70% por el índice de inflación y el resto por el incremento de los salarios.

El aumento previsto para marzo se calcularía bajo la nueva fórmula, lo cual implicaría un recorte en los haberes respecto del anterior cálculo.

El jefe de Gabinete Marcos Peña dijo a periodistas que el gobierno es optimista acerca de que la reforma salga adelante.

Peña sostuvo que los cambios no supondrán un recorte ya que contemplan que los haberes estén siempre por encima de la inflación. “El año que viene los jubilados van a estar en torno al 5%” por arriba del índice general de precios, afirmó.

El gobierno recordó además que 1,2 millón de jubilados han logrado actualizar sus haberes durante la administración de Macri que comenzó hace dos años.

La diputada opositora Mirta Tundis cuestionó que “cuando hay un descuento esto nunca más se corrige” y afirmó que el dinero que se ahorraría el gobierno en jubilaciones y otras prestaciones “es para los gobernadores”.

La legisladora criticó el argumento oficialista acerca de que los haberes van a estar cinco puntos por arriba de la inflación al señalar que ello no será sobre el monto que les correspondería a los jubilados en marzo según el modelo actual, sino sobre uno menor producto del ajuste que contempla la iniciativa.

“Para corregir esa pérdida deberían dar un aumento adicional, lo que ningún gobierno va a hacer”, afirmó.

Expertos sostienen que el sistema previsional en Argetina es insostenible debido a que no hay suficientes trabajadores que aporten para sostener los haberes jubilatorios por el gran porcentaje de trabajo en negro o ilegal.

Fuente: AP