Una veintena de vehículos y máquinas fueron quemados este domingo en dos ataques distintos ocurridos en una región del sur de Chile, cercana a la zona donde existe desde hace décadas un conflicto que enfrenta al Estado, el pueblo mapuche y grandes forestales.
El primer ataque tuvo lugar en la comuna Mafil, donde un grupo de encapuchados ingresaron de madrugada a una empresa de áridos y quemaron al menos 18 vehículos, entre retroexcavadoras y camionetas.
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El asalto fue reivindicado por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones mapuche más radicales, que dejó un cartel en el lugar de los hechos con el mensaje “Fuera forestales, áridos y latifundistas del Wallmapu (nombre usado por los movimientos indigenistas para referirse al territorio habitado históricamente por los mapuche)”.
El segundo ocurrió en la comuna de Lanco, en un fundo forestal, donde otro grupo de encapuchados quemó al menos tres máquinas e intimidó a algunos trabajadores, según información policial.
Ambos hechos sucedieron en la región de Los Ríos, a 800 kilómetros al sur de la capital chilena y vecina de La Araucanía y Bío Bío, donde el conflicto mapuche y existe desde hace meses el estado de excepción, que permite el despliegue militar en las principales rutas.
Tras los atentados de este domingo y otros ocurridos en los últimos meses, la derecha pide al Gobierno extender la militarización a Los Ríos, pero de momento está descartado.
Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener militarización del sur durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó poco después de tomar posesión el estado de excepción, pero lo instauró de manera “acotada”, militarizando solo las rutas principales.
Según el Ejecutivo, la medida ha logrado reducir la gravedad y el número de los eventos de violencia rural en un 30 %, con descensos en la cifra de camiones incendiados, usurpaciones violentas y eventos con armas de fuego.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche radicales y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo.
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