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Más allá de la pompa y el colorido de la ceremonia con que Dilma Rousseff asumió este jueves su segundo mandato como presidenta de Brasil, existe una realidad bastante menos festiva, con claros peligros que condicionan su nuevo gobierno.
Un apoyo político precario en el Congreso, un escándalo de corrupción que sacude a la mayor empresa del país, la petrolera estatal Petrobras, y una economía con serios problemas, son riesgos concretos que acechan a Rousseff, de 67 años.
Se trata de un panorama más sombrío que el que conoció la ex guerrillera hace cuatro años, cuando iniciaba su primer mandato sucediendo a su padrino político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Ella tiene muchos más riesgos", aseguró David Fleischer, un analista político basado en Brasilia, en diálogo con BBC Mundo.
Reelecta en octubre en los comicios más reñidos de los últimos tiempos en Brasil —con 51,6% de los votos válidos contra 48,4% de su rival socialdemócrata Aécio Neves— Rousseff ha dado señales de que está dispuesta a modificar el rumbo de su gobierno.
Pero, ¿cuán grave es la nueva realidad que enfrenta?
UNA COALICIÓN PRECARIA
La presidenta brasileña nunca logró construir una base de apoyo firme en el Congreso durante su primer mandato y todo indica que la situación puede complicarse para ella ahora.
Diversos analistas atribuyen este problema a la ausencia de una relación fluida, confiable entre el gobierno y su coalición legislativa de diferentes partidos, en parte por falta de "cintura política" de la propia mandataria.
Hay estudios que indican que, en los últimos cuatro años, los diputados aliados al gobierno votaron un tercio de las veces contra intereses defendidos por Rousseff, el peor registro de fidelidad a un presidente desde 1989.
El nuevo Congreso estará aún más fragmentado, con 28 partidos representados, y algunas alianzas del oficialismo que sufrieron con las recientes elecciones se pondrán a prueba pronto en votaciones importantes como el presupuesto.
Con miras a garantizarse los apoyos necesarios, Rousseff ha entregado a aliados ministerios que eran del interés del Partido de los Trabajadores (PT) que ella misma integra, como las carteras de Educación o Trabajo.
Esto y el nombramiento de Joaquim Levy, un liberal ortodoxo como nuevo ministro de Hacienda, ha generado cierta inquietud en filas del propio PT. Se estima que hasta Lula ha perdido influencia en el nuevo gabinete.
Por otra parte, la oposición se muestra resuelta a actuar con más arrojo y combatividad en los próximos cuatro años, tras unas elecciones en las que estuvo cerca de alcanzar el poder.
"Hasta el PT está dividido y hay partidos en la base no muy satisfechos con la reforma ministerial. La oposición creció también, entonces Rousseff va a tener muchas dificultades para lidiar con el Congreso", señaló Fleischer.
EL CASO PETROBRAS
El escándalo de sobornos y desvío de dinero en Petrobras amenaza con crear más dificultades para el nuevo gobierno de Rousseff de lo que podía esperarse hasta hace poco.
Entre los 39 reos que figuran en esta etapa del expediente judicial hay, además de ex directores de la petrolera estatal, ejecutivos de grandes empresas constructoras brasileñas.
(Foto: Reuters)
Están acusados de formar un cartel para obtener licitaciones de obras de Petrobras, pagando sobreprecios.
Los efectos de estas denuncias sobre la petrolera que hasta hace poco era orgullo de Brasil ya son evidentes. Su valor de mercado cayó 43% el último año y la empresa está virtualmente paralizada.
Su capacidad para obtener financiación externa se ve afectada porque su balance de resultados del tercer trimestre de 2014 aún está sin ser avalado por una auditoría externa, un requisito básico.
En los últimos días, Petrobras decidió suspender las contrataciones con las empresas denunciadas, generando más dudas sobre cómo va cumplir su plan de expansión para explotar las grandes reservas de crudo descubiertas en las profundidades del Atlántico.
Y en el gobierno hay preocupación porque las deudas de Petrobras y las constructoras con la banca brasileña equivalen a unos US$49.000 millones, informó el diario Folha de S. Paulo. Un eventual cese de pagos, aunque sea parcial, podría repercutir en el sistema financiero.
Encima, la investigación judicial puede extenderse a otras áreas del Estado y derivar en acusaciones formales contra varios políticos, desde exministros hasta líderes del Congreso, lo que podría irritar más a los aliados de Rousseff.
EL AJUSTE DE CINTURON
La situación económica también se ha complicado peligrosamente para Rousseff: cuando asumió cuatro años atrás, el PIB de Brasil acababa de crecer 7,5% en el 2010, mientras que los analistas calculan que en el 2014 se expandió apenas 0,13% tras una recesión en el primer semestre.
Para el 2015 las expectativas no son mucho mejores: las estimaciones privadas son de un crecimiento de aproximadamente medio punto y una inflación superando la meta oficial de 4,5% con un margen de dos puntos puntos más o menos.
Todo esto supone una pérdida de confianza de los inversores en la mayor economía de Latinoamérica.
Levy, el nuevo ministro de Hacienda apodado "manos de tijera", buscará revertir la situación con una mayor disciplina en el gasto para alcanzar un superávit primario (sin contar los pagos por intereses de deuda) de 1,2% del PIB en 2015.
Pero el reto es gigante: Brasil tuvo entre enero y noviembre del 2014 un déficit fiscal primario equivalente a unos US$7.390 millones, la primera vez que eso ocurre en 12 años.
Además, la deuda pública bruta del país creció hasta 63% del PIB en noviembre.
Para lograr sus objetivos, Levy se apresta a realizar un ajuste difícil. Aunque se espera que sea gradual y se conocen pocos detalles, los analistas anticipan que los efectos serán sentidos por los brasileños.
Como un anticipo de lo que se viene, el gobierno anunció el lunes cortes en los beneficios de pensiones y desempleo para ahorrar US$6.700 millones anuales.
"Para Brasil, paciencia y perseverancia serán las palabras claves para 2015", escribió recientemente Tony Volpon, jefe de investigación de mercados emergentes en Nomura Securities, en el diario Financial Times.
Esto también pondrá a prueba la lealtad de los aliados de Rousseff. Pero seguir como hasta ahora implicaría otro riesgo importante para la presidenta: perder el preciado grado inversor de Brasil, aumentando el costo de tomar dinero prestado en los mercados.
