Parlamento de Ecuador destituye al Defensor del Pueblo, en prisión por supuesto abuso sexual

El unicameral Congreso de Ecuador decidió el miércoles por mayoría destituir al Defensor del Pueblo (ombudsman), Freddy Carrión, quien está en prisión por un supuesto delito de abuso sexual, informó el Legislativo.

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“Con 75 votos, se aprueba la moción de censura y destitución del titular de la @DEFENSORIAEC , @freddcarrion , por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo”, señaló la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter.

El Parlamento, integrado por 137 asambleístas, se instaló el martes para enjuiciar políticamente a Carrión, siendo destituido del cargo que mantenía a pesar de que está encarcelado desde hace cuatro meses.

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El exfuncionario cumple una orden de prisión preventiva desde mayo a raíz de la denuncia de un presunto acto de violencia sexual cometido durante una tildada “fiesta clandestina” en la que participaban el exministro Mauro Falconí y la pareja de éste último, quien habría sido atacada.

Para entonces en Ecuador regía un toque de queda y prohibición de reuniones ante la pandemia.

Falconí a su vez fue destituido un mes antes de la cartera de Salud por el gobierno del expresidente Lenín Moreno (cuyo mandato de cuatro años terminó en mayo) a causa de la desorganización en la vacunación contra el covid-19.

De acuerdo con los legisladores, el incumplimiento de funciones por parte de Carrión se debe a que usó bienes públicos para acudir a esa reunión social y violó la ley cuando había restricciones por la pandemia.

El exombudsman considera que afronta una persecución política por denunciar en marzo ante la Fiscalía a Moreno por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la violenta represión de fuertes protestas sociales en 2019, en las que murieron once personas.

En agosto, el Congreso también censuró al excontralor del estado Pablo Celi, también en prisión por supuesta corrupción. La exautoridad renunció estando en la cárcel poco antes del juicio político por incumplimiento de funciones.

La censura y destitución prohíbe ejercer cargos públicos por dos años a los sancionados.

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