En Nicaragua prima la preocupación y la desesperanza. El presidente Daniel Ortega consumó su farsa electoral y se adjudicó un cuarto mandato consecutivo tras unos comicios hechos a su medida, con sus principales contrincantes encarcelados y sin ninguna garantía. “Pantomima”, “circo” y “burla” son algunas de las reacciones que resonaron entre la comunidad internacional. Dentro del país, el enojo ha perdido terreno ante el temor. La mayor certeza es que lo que viene ahora será mucho peor.
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“Además de haberse robado las elecciones y de haber consumado su farsa electoral, el dictador Ortega va a seguir ejerciendo su tiranía. Las cosas van a cambiar, pero para mal. No se espera nada bueno después de estas elecciones”, dice a El Comercio Wilmer Madrigal, periodista nicaragüense del canal 100% Noticias.
Abigail Hernández, periodista independiente y dirigente del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), también ve sombrío el panorama para su país. “Estamos en una situación de crisis que se incrementa día a día ante una administración que se niega a dejar el poder, pero que también se niega a tomar formas pacíficas de tratar de remediar la situación. En realidad, estas elecciones no van a cambiar nada de fondo, solo significan peores condiciones para quienes vivimos aquí”, apunta.
Agrega que la forma en la que se realizaron las elecciones -con una serie de arbitrariedades, abuso de poder, irregularidades y delitos electorales- trae consecuencias para la democracia de Nicaragua y para el correcto desenvolvimiento de la ciudadanía. “En este momento todas las libertades públicas están siendo violentadas”, explica a este Diario.
Estos son las principales consecuencias inmediatas que ya se temen en Nicaragua tras la consumación de las cuestionadas elecciones presidenciales que alargan cinco años la presencia del sandinista Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en el poder.
REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN
Para Madrigal y Hernández es claro que Ortega va a continuar su escalada de represión, hostigamiento, asedio y persecución contra las voces disidentes.
“Se viene un momento bastante duro para los opositores y también para el periodismo independiente y crítico. Van a seguir los actos de impunidad del partido gobernante y van a crecer las detenciones en el país. Sobre todo, van a querer callar a toda costa a aquellas voces que puedan tener contacto con el exterior y demanden sanciones, aplicando la ley que crearon para supuestamente defender la soberanía del país”, dice Madrigal.
Hernández pide recordar que la madrugada del 7 de noviembre, antes de que empezara la jornada electoral, se detuvo a alrededor de 20 activistas políticos en distintas partes del país. Añade que en el contexto de los comicios, desde el 25 de octubre al 7 de noviembre, se cometieron 45 agresiones a medios de comunicación, cinco de ellos considerados como delitos y todos perpetrados por la policía nacional.
“Todo el país espera que haya un aumento de la persecución política. Esto es una estrategia, una forma de trabajo del régimen sandinista que no ha parado desde el 2018 de manera pública y constante. Sin embargo, ya había una persecución camuflada a activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas en la última década”, apunta.
AISLAMIENTO INTERNACIONAL Y CRISIS ECONÓMICA
Como ya lo había advertido, gran parte de la comunidad internacional respondió al “triunfo” de Ortega con rechazo, indignación y advertencias contra el gobierno. Países como Colombia y Costa Rica desconocieron el resultado electoral, mientras Estados Unidos aseguró que continuará imponiendo “sanciones” al país centroamericano.
Hernández considera que un efecto inevitable de la reelección de Ortega será el aislamiento de Nicaragua con respecto a la comunidad internacional, algo que no solo afectará al gobierno, sino también al país.
Madrigal recuerda que el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley Renacer (Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral) y que es una medida que afectará directamente al régimen de Ortega y Murillo, “pero también al país porque tiene una enmienda acerca de la revisión para sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (Cafta), que sostiene a la economía del país”.
“Otra de las consecuencias es que la inversión extranjera que desde el 2018 ha dejado el país no va a regresar, va a haber más desempleo, más necesidad en el pueblo de Nicaragua. Vienen años duros para Nicaragua con la presión internacional”, agrega.
PRESOS POLÍTICOS COMO MONEDA DE CAMBIO
Una de las mayores interrogantes dentro y fuera de Nicaragua obedece al futuro de los precandidatos presidenciales y opositores que fueron detenidos desde mayo en medio de la campaña electoral.
“El destino de los candidatos y opositores presos es incierto. El gobierno hace un mes llamó a un supuesto diálogo pacífico con el empresariado privado y otros actores políticos luego de las votaciones. Pero cuando tienes unas elecciones arbitrarias e ilegales es imposible tener un diálogo justo o transparente”, dice Hernández.
Madrigal, por su parte, explica que se espera que los opositores encarcelados sean liberados, pero a través de negociaciones con la comunidad internacional en las que Ortega intentará conseguir legitimidad.
“Si la comunidad acepta la legitimidad del gobierno y le quita las sanciones ellos podrán liberar a los opositores. Es básicamente lo que sucedió en el 2019 cuando la mayoría de los líderes opositores que encabezaron protestas fueron detenidos. El gobierno sacó la ley de amnistía y forzó a la mesa de negociación con la oposición a usar a los detenidos como moneda de cambio. Ahora se espera que el régimen anuncie que va a poner en libertad a los opositores, queriendo dar un supuesto acto de buena voluntad para que la comunidad internacional pueda reconocer su mandato”, señala.
Hernández agrega que la ciudadanía, los activistas políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten desde hace varios años en que el régimen ya no tiene presos políticos, sino “fichas de canje para seguirse acomodándose y mantener su estrategia: seguir en el poder tratando de aparentar a nivel internacional que todo está bien en Nicaragua y que hay armonía entre los distintos sectores”.
MUCHOS MÁS EXILIADOS
La permanencia de Ortega en el poder mantendrá la escalada de migración y exilio. “Va a seguir existiendo el exilio forzado para muchos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, sobre todo para los que son reconocidos y tienen seguidores. El régimen de Ortega va a continuar la persecución para que eso suceda”, considera Madrigal.
Durante la campaña electoral varios opositores se exiliaron por motivos de seguridad, situación que fue cuestionada por algunos países latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos.
“Hay un exilio constante, solo en la última semana se reportó que siete periodistas se tuvieron que marchar. Es un panorama difícil, es un panorama de crisis. No creemos que haya muchos cambios a largo plazo, todo lo contrario, va a ser una constante y una continuidad de represión y agresión a los derechos humanos”, sentencia Hernández.
ENTREVISTA: “Ortega no tiene la más mínima legitimidad nacional e internacional”
José Miguel Vivanco
Director para las Américas de Human Rights Watch
—¿Cuáles son las principales consecuencias que tendrán las elecciones en Nicaragua?
Ortega va a comenzar su cuarto mandato consecutivo sin la más mínima legitimidad nacional e internacional. La administración Biden, la Unión Europea y algunos gobiernos democráticos de la región ya han condenado la farsa electoral de Ortega y han anunciado que están contemplando implementar nuevas medidas contra ese régimen, incluyendo sanciones individuales, revisar los préstamos de las instituciones financieras regionales y globales y revaluar la participación de esa dictadura en el tratado de libre comercio DR-CAFTA. El endurecimiento de medidas concertadas va a aislar aún más a Ortega y a reducir su margen de acción.
—¿Y dentro del país? ¿Cómo se afectarán los derechos humanos?
Ortega está también sumamente desacreditado a nivel local como revela la bajísima participación electoral del domingo. Hasta ahora, el estado policial impuesto por el régimen ha impedido que el descontento social pueda canalizarse mediante protestas. Pero el agravamiento de la crisis política, junto con una situación económica cada vez más deteriorada, podría llevar a la sociedad a las calles y consecuentemente una mayor represión por parte del régimen.
Por otra parte, es posible que un agravamiento de estas condiciones se traduzca en un mayor flujo migratorio, principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos. Además, todo indica que la situación de los derechos humanos en el país se va a agravar porque Ortega va recurrir a la violencia y la persecución para mantener a la sociedad subyugada y perpetuarse en el poder.
—¿Qué cree que pasará con los candidatos y opositores que fueron detenidos durante la campaña?
Es probable que la presión internacional inmediata se enfoque en procurar la liberación de los 39 presos políticos detenidos en el contexto preelectoral y las más de 100 personas que permanecen arbitrariamente detenidas con anterioridad.
La historia muestra que Ortega es un político transaccional y sin ningún escrúpulo. Probablemente utilizará a los presos como fichas de negociación para lograr concesiones como, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones o el reconocimiento de la legitimidad de su reelección.
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