El 17 de febrero de 1995 fue un día larguísimo. Aquel viernes, varios hechos distintos pero relacionados entre sí removieron la diplomacia sudamericana. En Brasilia, los vicecancilleres de Ecuador y el Perú, Marcelo Fernández de Córdoba y Eduardo Ponce, respectivamente, firmaron la Declaración de Paz de Itamaraty. Este acuerdo dictaba que se separaran “inmediata y simultáneamente todas las tropas de los dos países comprometidas en los enfrentamientos”. Aquella fue la parte grata de la jornada.
El mismo día, pero 2.980 kilómetros de allí, en Buenos Aires, el agregado aéreo del Perú en Argentina, coronel Rafael López (hoy es mayor general y ya está retirado), ingresó raudo al cuartel general de la Fuerza Aérea de ese país, en el llamado edificio Cóndor. Se reunió con el brigadier Roberto de Saa, uno de los jefes de inteligencia de esa dependencia. Y le dijo todo lo que sabía.
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Un expiloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el comandante Emilio Carrillo, trabajaba indirectamente para la compañía de carga Fine Air, que había sido contratada para transportar un lote de cinco mil fusiles automáticos ligeros (FAL) y 75 millones toneladas de municiones, además de morteros, pólvora y otros pertrechos. Esto contaba con el aval del gobierno del argentino Carlos Menem y sus ministros, quienes habían firmado decretos que autorizaban la venta de armas de la Dirección General de Fabricaciones Militares a Venezuela y Panamá.
En realidad, era una farsa para traficar el armamento a Croacia, por un lado, y a Ecuador, que estaba en las postrimerías del conflicto del Cenepa contra el Perú, pero se preparaba para una eventual escalada bélica.
Carrillo se enteró de tal hecho porque algunos estibadores y mecánicos de Fine Air, también peruanos, le habían advertido que en el aeropuerto argentino de Ezeiza se cargarían armas y que el destino era Ecuador. El comandante dio aviso a la FAP. La señal de alarma le fue enviada al coronel López, y este le habló del tema a De Saa, quien le prometió tomar cartas en el asunto.
“De Saa parecía realmente intrigado por este tema”, cuenta ahora López. Pero nada detuvo los envíos. En total partieron tres aviones en aquellos días. Carrillo contó que iban a ser 14 vuelos en total, pero el escándalo llegó a la prensa y la operación secreta se detuvo.
Lo grave del caso es que, durante el conflicto iniciado a fines de enero del 95, Argentina fue nombrado uno de los países garantes, y la relación con el Perú era estrecha. Apenas tres meses antes, el 9 de noviembre del 94, Menem había realizado una visita oficial, durante la cual, en una ceremonia privada, Alberto Fujimori le entregó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz con Diamantes.
Han transcurrido 25 años, pero todavía quedan asuntos pendientes por atender.
Guerra por la dignidad
En mayo del 2017, el almirante de la Marina de Guerra (en retiro) Javier Bravo estaba de viaje en Europa con su esposa celebrando su aniversario 50 de matrimonio. En Estocolmo, una de las ciudades que visitaron, coincidieron en un bus turístico con una pareja de argentinos. Luego de saludarse y cruzar un par de comentarios sobre el viaje y la ciudad, el argentino le dijo a Bravo: “Tenemos una deuda enorme con ustedes, y los hemos traicionado”. Después le contó que era médico, que había trabajado en la Armada de su país y que el asunto de la venta de las armas lo avergonzaba. Bravo no supo qué decir.
El viaje de aniversario terminó días después y, de vuelta en Lima, el almirante comenzó a investigar más sobre el asunto de las armas, del escándalo en Argentina, de la traición de Menem. De la guerra lo sabía todo, porque en el 95 era inspector general de la Marina y supervisó el envío de buques a la frontera marítima de Tumbes. Lo que le intrigaba era por qué el expresidente lo hizo y, más aún, por qué el Perú no le ha anulado aún la condecoración que Fujimori le entregó.
Así que se propuso iniciar una campaña para que la Orden El Sol le sea retirada.
Después, leyendo las noticias, comprendió por qué el argentino a quien había conocido en Suecia tenía tan presente el tema: al mes siguiente, en junio, y después de un juicio largo y entrampado, la justicia de ese país confirmó una condena de siete años y medio de cárcel contra Menem por tráfico de armas. Era un asunto muy sensible para los ciudadanos de ese país.
Al día siguiente, Bravo escribió una carta a Palacio de Gobierno y a la cancillería en que sustentaba las razones por las que se debería anular la condecoración.
Según el reglamento de la Orden El Sol del Perú, esta se pierde por: 1) sentencia en causa criminal expedida contra el condecorado; 2) por acto deshonroso o infamante; 3) por reincidencia en el uso de insignias que le corresponden.
Recién en agosto, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado le informó que, en tanto la condena contra Menem no fuera firme (consentida, en lenguaje judicial local), no configuraría causal para anular la condecoración.
Entonces Bravo apeló al inciso 2, pero tampoco tuvo una respuesta decidida del Gobierno.
El juicio de Menem, entre apelaciones y más demoras (ver recuadro), continuó, así como la silenciosa y a veces quijotesca campaña de Bravo. También continuó la negativa del Estado Peruano de retirar una condecoración inmerecida.
Un pedido sin respuesta
La justicia tarda
En octubre del 2018, Menem fue absuelto por la justicia argentina porque se consideró que se había excedido el “plazo razonable” para una condena.
“Defensa del honor”
Ese mismo mes, Javier Bravo pidió, en una carta al presidente Martín Vizcarra, que se actúe “en defensa del honor” de los peruanos y se retire la condecoración al expresidente argentino.
Alzaron la voz
En noviembre del 2018, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional publicó un pronunciamiento titulado: “A Carlos Saúl Menem, expresidente de la Argentina, debe retirársele la Orden El Sol del Perú”.
Final abierto
La última carta que Javier Bravo escribió al presidente Vizcarra tiene fecha del 5 de enero de este año. Allí le pide tomar una decisión al respecto. La misiva no ha sido respondida.