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El Gobierno interino de Bolivia, encabezado por la presidenta Jeanine Añez, utiliza el sistema de Justicia del país para perseguir a su predecesor, Evo Morales, junto con sus aliados y partidarios, dijo el organismo de derechos humanos Human Rights Watch en un informe publicado el viernes.
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Los cargos de terrorismo anunciados contra el expresidente izquierdista por los violentos disturbios registrados después que huyó del país en noviembre pasado, luego de las fallidas elecciones, parecen tener “motivaciones políticas”, dijo el grupo.
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Las acusaciones se relacionaron con una sola llamada telefónica días después de su salida de Bolivia, en la que instó a un partidario a “luchar” contra el Gobierno interino, dijo HRW, y la pena de prisión de 20 años solicitada por el presunto delito fue “totalmente desproporcionada”.
Además, los cargos de terrorismo presentados contra la exabogada y jefa de Gabinete de Morales se basaron en el contacto telefónico que tuvo con él, agregó, mientras que un partidario del exmandatario fue acusado de sedición por describir al nuevo Gobierno como “dictatorial”.
En respuesta al reporte de Human Rights Watch, Yerko Núñez, ministro de la Presidencia de Bolivia, dijo que el Gobierno rechaza de manera categórica la denuncia.
“Un expresidente ordenó cercar las ciudades, no permitir el paso de alimentos a un país que él mismo gobernaba, todo por un simple afán de poder. Los abogados que prepararon la denuncia solventaron argumentos jurídicos para denunciar a Evo Morales por terrorismo”, detalló Núñez.
El grupo, con sede en Estados Unidos, dijo que entrevistó al ministro del Interior, Arturo Murillo, y a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, junto con funcionarios de Justicia durante su investigación.
También se le dio acceso a miles de documentos judiciales e informes policiales relacionados con 21 casos de los más de 100 exmiembros o simpatizantes de la gestión de Morales acusados de delitos como terrorismo, sedición, asociación criminal e incumplimiento de deberes.
El organismo no gubernamental dijo que descubrió evidencia de que Morales también había usado la Justicia contra sus oponentes durante sus 13 años en el cargo, pero que Añez “tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial”.
De acuerdo con el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, el Gobierno interino presionó públicamente a fiscales y jueces “para promover sus intereses”.
Los hallazgos de HRW harán poco para aliviar las tensiones latentes mientras la nación sudamericana se dirige a las elecciones presidenciales del 18 de octubre, que se han retrasado debido a la pandemia de coronavirus.
Esta semana, el Gobierno de Añez remitió a la Corte Penal Internacional a los partidarios de la oposición que encabezaron protestas y bloqueos de carreteras durante la pandemia, diciendo que cortar a los civiles la asistencia médica constituía “crímenes de lesa humanidad”.
Fuente: Reuters
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