El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace gestos durante el debate presidencial previo a las elecciones generales del 2 de octubre, el 24 de septiembre de 2022. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace gestos durante el debate presidencial previo a las elecciones generales del 2 de octubre, el 24 de septiembre de 2022. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Agencia AFP

La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Rosa Weber, suspendió el decreto del exmandatario ultraderechista  que podría beneficiar a policías condenados por la histórica masacre en la prisión de Carandiru, ocurrida en 1992.

La decisión respondió a una propuesta de la fiscalía general “que sustenta, entre otros puntos, que el trecho es una afronta a la dignidad humana y a los principios del derecho internacional público”, dijo este martes el Supremo Tribunal Federal en un mensaje en Twitter.

Bolsonaro, cuestionado con frecuencia por sus opiniones sobre políticas carcelarias y de seguridad, indultó en diciembre, nueve días antes de dejar el poder, a agentes de las fuerzas de seguridad condenados por crímenes cometidos hace más de 30 años.

Según especialistas, aunque no los menciona, la medida, que no era de carácter automático, comprende a 74 policías condenados por la masacre que tuvo lugar en la prisión de Carandiru, en el estado de Sao Paulo.

El indulto “puede configurar transgresión de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de que Brasil promueva la investigación, juicio y castigo serio y eficaz de los responsables”, justificó Weber.

El 2 de octubre de 1992, 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la Policía Militar que buscaba controlar un motín en ese penal, para la época el mayor de América Latina, con unos 8.000 internos.

La matanza tuvo lugar cuando se desplegó un vasto operativo de seguridad para contener una riña entre presos que desembocó en una rebelión generalizada en el presidio.

Según la acusación, los presos fueron ejecutados, mientras que la defensa de los policías alega que estos dispararon en legítima defensa, amenazados y agredidos por los prisioneros amotinados.

Tras la matanza, el penal de Carandiru fue clausurado.

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