Jeanine Áñez permanece detenida, mientras la ONU y la Unión Europea piden transparencia en el caso

La detención el sábado de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019 sorprendió a la oposición, en un caso que tanto la ONU como la Unión Europea piden que sea transparente.

Áñez, arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noroeste de La Paz, llegó a La Paz escoltada por el ministro del Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía.

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Desde un cuartel policial en La Paz, la expresidenta remitió luego cartas a la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíen misiones de observadores al país para seguir este caso.

El objetivo es que “evalúen de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado”, escribió Áñez en una misiva de la que la AFP obtuvo una copia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que es importante que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” del caso contra los ex integrantes del gobierno boliviano, según un comunicado de su portavoz.

Asimismo, recordó los “importantes pasos tomados por todas las partes en Bolivia de cara a la consolidación de la paz” y reiteró el compromiso de Naciones Unidas para seguir apoyando esos esfuerzos.

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El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, expresó a su vez en Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

Con el criterio de que se respete la independencia de poderes, pidió “diálogo y reconciliación”.

Mientras la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”.

Y acotó que como institución no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia, con sus limitaciones, en difíciles momentos de su historia y buscando caminos de pacificación”.

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La UE y la Iglesia católica cumplieron un papel clave en la transición del gobierno de Morales al de Áñez y propiciaron mesas de diálogo entre oficialistas y opositores durante esos días conflictivos.

Satisfacción gubernamental

El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la Fiscalía y del proceso y señaló que se está actuando a derecho.

En su criterio, a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de exgobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.

Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Su colega del Castillo felicitó más temprano a las fuerzas del orden por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.

Áñez consideró su detención “un acto de abuso y persecución política” del gobierno del presidente Luis Arce, que la acusa “de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió” y en el marco de un proceso que “no tiene ni pies ni cabeza”.

Tras conocerse su detención, dirigentes de los comités cívicos de Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) y Tarija (sur), unos influyentes conglomerados políticos y empresariales, demandaron que cesen las capturas.

Esas agrupaciones, que impulsaron la renuncia de Morales (2006-2019) a la presidencia, dijeron estar dispuestas a retomar sus protestas, según el dirigente civil de Santa Cruz Rómulo Calvo.

“No vamos a permitir que ningún cruceño (gentilicio de Santa Cruz) o boliviano sea perseguido por resistir y protestar contra el fraude electoral. Exigimos la liberación de los detenidos”, dijo.

Sedición, terrorismo, conspiración

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron también detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.

La orden judicial partió de una denuncia presentada en diciembre por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.

En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

Áñez reemplazó constitucionalmente a Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario.

En una carta, Camacho advirtió que “los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso” y aseguró que no abandonará el país. Él ganó la elección del pasado domingo para gobernar la rica región de Santa Cruz.

La orden de los fiscales alcanza además a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).

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