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Hace tres años, Lava Jato no tenía mayor significado en América Latina. Era apenas el nombre que un grupo de fiscales y policías brasileños escogieron para una investigación que creían aparentemente sencilla. Estaban tras los pasos de cuatro bandas –relacionadas entre sí– de lavadores de dinero, que usaban como fachada estaciones de gasolina y lavado de autos. De ahí el nombre. Lava Jato era, entonces, eso: un caso políticamente inofensivo.
Hasta que llegó el lunes 17 de marzo del 2014.
Los historiadores del futuro que reconstruyan los pasos que siguió esta investigación, la cual amenaza con acabar con una generación de políticos, tendrían que marcar dicha fecha como un punto de no retorno. Aquel día se lanzó la primera fase de la operación Lava Jato. Se capturó a 24 integrantes de esas cuatro organizaciones en un despliegue policial que se ejecutó en simultáneo en seis estados de Brasil y en el Distrito Federal.
En la operación se incautaron US$5 millones en efectivo, 25 vehículos, celulares y más de 80 mil documentos. También se confiscaron joyas y obras de arte. La hipótesis de los fiscales era que aquellas bandas habían lavado remesas por más de US$78 millones entre el 2009 y el 2013 para clientes que aún no habían sido identificados. Lo más importante, sin embargo, sucedió en un hotel en San Luis (Maranhao): ahí se arrestó a Alberto Youssef, uno de los principales cambistas.
—El regalo delator—
Youssef, hoy de 49 años, era un viejo conocido de las autoridades brasileñas. Había sido procesado múltiples veces por cargos de blanqueo de dinero. En el 2003 estuvo preso por el Caso Banestado. Pero esta vez el motivo de su captura fue por una inesperada conexión que la policía detectó días antes al interceptar sus comunicaciones.
En marzo del 2013, Alberto Youssef le regaló una camioneta Land Rover –último modelo – a Roberto da Costa, un ex directivo de Petrobras, la gigantesca empresa estatal brasileña.
La pregunta caía por su propio peso: ¿por qué un cambista prontuariado le obsequiaba un costoso vehículo a este ex funcionario? Da Costa fue detenido tres días después, luego de ser descubierto intentando destruir evidencia que lo vinculara con el cambista. Lava Jato empezó a tomar otro rumbo. Los investigadores se empezaron a enfocar en este ex directivo.
Los fiscales hallaron que Da Costa y sus familiares estaban involucrados en un esquema millonario de lavado de dinero que tenía como fuente Petrobras. De hecho, la fiscalía de Suiza alertó, por esas fechas, que este ex funcionario tenía US$23 millones en bancos helvéticos. Acorralado por tantas evidencias, Da Costa decidió en agosto del 2014 colaborar a cambio de reducir su pena. Luego siguió Youssef.
Ambos revelaron que trabajaban para un club secreto, integrado por funcionarios públicos, políticos y directores de las más grandes constructoras de su país. Contaron que entre todos ellos se repartían las millonarias obras de la petrolera y que se enriquecían con los sobornos que recibían a cambio de darlas. Las coimas equivalían al 1% o el 5% del costo de los proyectos. Así trabajaron durante años.
►Caso Odebrecht: Los políticos latinoamericanos salpicados
Entre los principales miembros estaban personajes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula da Silva, y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del actual presidente Michel Temer. De igual modo, las constructoras OAS, UTC, Andrade Gutierrez y Odebrecht, entre otras.
Una corrupción institucionalizada estaba siendo revelada. No pasó mucho tiempo para que otros ex directivos de Petrobras fueran arrestados y ratificaran lo dicho por Da Costa y Youssef. “El Caso Petrobras cambiará Brasil para siempre”, dijo Dilma Rousseff, en noviembre del 2014, cuando aún era mandataria de ese país. En realidad, lo que estaba por cambiar era la región entera.
—Expansión continental—
Hoy Lava Jato es el mayor escándalo de corrupción en la región, siendo Odebrecht –por ahora– su principal protagonista: en diciembre del 2016 la multinacional reconoció que pagó US$788 millones en sobornos y aportes electorales en Brasil y en otros 11 países, 9 de ellos latinoamericanos.
Aún falta que se conozca el testimonio de las demás constructoras.
Solamente en Brasil ya hay 125 personas condenadas por Lava Jato. Hay 147 órdenes de prisión preventiva, más de 1.400 procesos abiertos y 78 acuerdos de colaboración eficaz (sin contar los de los 77 ex directivos de Odebrecht). A su vez, la Procuraduría General de ese país le pidió al Tribunal Supremo que abra 83 investigaciones a políticos (más las 47 que ya tiene). Entre ellos figuran Lula, Rousseff y seis ministros de Temer.
Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, le contó a El Comercio que lo sucedido en Petrobras ha significado un perjuicio económico de US$10 mil millones. Por su parte, el fiscal brasileño Carlos Bruno Ferreira le dijo a este Diario que hasta hoy con Lava Jato han recuperado poco más de US$160 millones en cuentas en el extranjero.
Ninguno de los dos funcionarios se atreve a decir cómo cree que acabará este caso. Sin embargo, reconocieron que en junio se agravará: cuando se acabe la confidencialidad y se publique el detalle de los sobornos que pagó Odebrecht en los 12 países.
Para Marie-Christine Fuchs, de Konrad Adenauer Stiftung, una fundación alemana que promueve debates en temas como corrupción y desigualdad en todo el mundo, el Caso Lava Jato es una oportunidad histórica que debe ser aprovechada por los países de América Latina.
“Estamos en un momento ideal para conversar sobre la corrupción. Generar un debate público sobre los cambios institucionales que se necesitan para así fomentar una masa crítica que ayude a desterrar la idea de que la corrupción es un fenómeno normal”, dijo Fuchs a este Diario.
“Nunca antes habíamos visto algo semejante a Lava Jato, por la cantidad de países que están involucrados. Pero creo que si sucedió es debido también a una cultura de la impunidad que existió por años en este continente”, añadió.
En una charla en Lima el mes pasado, Sergio Moro, el juez de Lava Jato en Brasil, recordó ante jueces peruanos cómo fue que a raíz del arresto de Youssef —quien ayer regresó a las calles tras revocarse su arresto domiciliario — se destapó el caso. El mensaje parecía claro: puede ser que un nuevo Lava Jato esté en sus manos. Una pregunta, no obstante, quedó en el aire: Si fuese así, ¿se podrá avanzar aquí de la misma manera?
