La Justicia boliviana tratará apelación a la detención de gobernador Luis Fernando Camacho

La Justicia de Bolivia tratará este jueves la apelación a la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, planteada por su defensa, tras varias suspensiones.

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Martín Camacho, uno de los abogados del gobernador cruceño, manifestó este miércoles en una conferencia de prensa que la audiencia virtual será el jueves en la mañana y espera que se respete la “independencia del poder judicial” y que se cumplan los “principios del derecho penal”.

El abogado sostuvo que en esta audiencia se debería considerar varios aspectos como “la falta de fundamentación de la resolución” que dispuso la detención preventiva de su defendido, o las denunciadas vulneraciones a sus derechos a la salud e integridad física, entre otros, para así “revocar” su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, o en el “peor de los casos ordenar una medida cautelar”.

Según el jurista, la Fiscalía “debe sustentar los riesgos procesales” para insistir en la detención preventiva e indicó que precisamente se ha reclamado “que el Ministerio Público no ha tenido ninguna prueba documental, ni ningún elemento que pueda sostener en audiencia que existe ocho riesgos procesales”.

Agregó que la defensa del gobernador cruceño cuenta con los “elementos suficientes” para que se “revoque” la detención preventiva.

El abogado criticó que luego de 19 días de la determinación de la detención preventiva de Camacho recién se lleve a cabo esta audiencia, que debería tener mayor “celeridad”.

La audiencia de apelación a la detención se suspendió en más de una ocasión, la más reciente fue el pasado 11 de enero y, según la defensa del opositor, se dio “de forma arbitraria por factores estrictamente vinculados a la Justicia”.

Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre en un cuestionado operativo policial y luego fue trasladado hasta La Paz donde el juez Sergio Pacheco dispuso su detención preventiva por cuatro meses en Chonchocoro, una cárcel en el altiplano paceño.

El gobernador es investigado por el supuesto delito de terrorismo en el caso denominado “golpe de Estado I” por la crisis política y social de 2019

La Fiscalía amplió recientemente la acusación a los delitos de “cohecho activo y seducción de tropas”, a solicitud del Ministerio de Gobierno (Interior), uno de los acusadores en este caso.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

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