“Más de 160 menores recibieron perdigones, balas y maltrato. Es inaceptable, independientemente de lo que hayan hecho”

Chile. “Yo llego y me presento. Primero mi nombre, mi cargo. Los más grandes entienden más. A los más pequeñitos les digo que soy la defensora de la Niñez y que procuramos defenderlos directamente a ellos. Aunque no nos conozcan, ahora que saben de nosotros, que sepan que estamos a su disposición. Les explico qué hacemos, y espero que ellos me pregunten más”.

Así se acerca la abogada Patricia Muñoz, primera defensora de la Niñez en Chile, a los menores cuyos derechos debe proteger.

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Los ha visto en comisarías, retenes y hospitales. Ha hablado con jóvenes detenidos en los desórdenes, con estudiantes heridos por perdigones en sus colegios, con escolares hospitalizados que no entienden lo que pasa.

Los ha visto junto a sus familiares. A veces solos.

Muñoz fue elegida por el Senado en el 2018, de forma unánime, para liderar el organismo público y autónomo a cargo de los derechos humanos de adolescentes, niñas y niños en Chile.

Y su trabajo se ha multiplicado desde el inicio de las manifestaciones en la nación sudamericana.

Muñoz le dice a BBC Mundo que el mismo viernes 18 de octubre —cuando fueron incendiadas varias estaciones del metro en Santiago— la defensoría empezó a recibir información de detenidos a los que no se les permitía contactar a sus familiares.

Poco después, la institución activó un correo para denuncias y desplegó a sus pocos funcionarios en las comisarías.

48 horas más tarde, la defensora se trasladaba de urgencia a un hospital para visitar a dos niños de 9 y 10 años, Kimberly y Maxi, alcanzados por una bala mientras los Carabineros (policía) perseguían a un grupo de manifestantes en Santiago. Desde entonces, no se ha detenido.

“Fueron baleados mientras estaban en el auto con su mamá echando bencina. Maxi estaba con respirador artificial. Kimberly pudo hablar”, le cuenta a BBC Mundo.

“Para ella, una niña de 9 años, era y sigue siendo incomprensible que esto hubiera pasado con los Carabineros, que a uno desde chico le dicen que están para cuidarlo, no para herirlo”.

El de Kimberly fue uno de los casos que Muñoz citó el lunes en la tarde en la audiencia sobre Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sostuvo que al menos 174 niños, niñas y adolescentes en el país han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, 12 de ellos alcanzados por balas, 55 con lesiones físicas, cinco con trauma ocular.

Y aseguró que “existen antecedentes calificados para sostener que en Chile se han violado grave, sistemática y generalmente los derechos humanos”, algo que fue desestimada por Mijail Bonito, representante del gobierno de Sebastián Piñera en la cita.

“Jamás me imaginé la posibilidad de venir a exponer por graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos ante la CIDH, y me causa mucha tristeza”, le dice a BBC Mundo sobre aquello.

“Hace pensar si, como país y teniendo en cuenta nuestra historia, fuimos capaces de entender la relevancia del respeto a los derechos humanos”.

“Esto prueba que al menos algunas personas no lograron hacer este aprendizaje”.

De eso y más habló Muñoz con BBC Mundo.

Dice que parte del país no aprendió cuán importante es el respeto a los derechos humanos. ¿Es algo que revelaron las protestas?

Llevamos poco tiempo como institución, pero yo a poco andar me di cuenta que había en Chile grupos específicos de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se estaban vulnerando.

Es el caso de niños mapuche, o de niños bajo cuidado del Estado.

Luego observamos la criminalización injustificada de los estudiantes secundarios que habían participado en las ‘evasiones masivas’ en el metro de Santiago en protesta por el alza del precio del pasaje —algo que el presidente Piñera suspendió el 20 de octubre, pero que inevitablemente dio inicio a la ola de manifestaciones que continúa hoy en Chile—.

Eso hizo click con la ciudadanía, dejando de manifiesto cómo los jóvenes pueden ser los agentes clave de lo que pasa en el país.

Pese a ello, los adultos siguieron en lógica de no dar espacios para escuchar y la situación terminó reventando. Porque, como no hay escucha real y el Estado además no puede responderles en otros ámbitos (como salud mental o desigualdad), solo generó represión.

Y así, hoy tienes unas 200 personas con lesiones oculares y más de 160 niños, niñas y adolescentes que han sido violentados con perdigones, balas y maltrato físico.

Y eso es inaceptable, independientemente de lo que hayan hecho.

¿Qué relatan los menores cuando los visita como defensora?

Distintas cosas.

En una comisaría entré a un calabozo para hablar con un chico de 17 años, colombiano, Alex. Le pregunté si quería hablar conmigo. Me dijo que sí.

Le pregunté por qué estaba ahí, y me explicó que fue detenido porque estaba en una manifestación y empezó a arrancar cuando todos arrancaron.

En ese contexto lo atraparon las fuerzas especiales de Carabineros.

Cuando le pregunté si había algo que quisiera denunciar, me dijo que no le pasó nada. Como quería asegurarme, le pedí que me contara de la detención.

Me dijo que lo agarraron, y que cuando lo subieron al carro policial le pegaron en la cabeza y en la cara, además de los garabatos (insultos), por supuesto.

¿Por qué no me dijo eso cuando le pregunté si tenía algo de denunciar?

“Porque eso es lo que pasa cuando a uno lo detienen”, me contestó.

Hay una normalización del actuar policial entre los jóvenes. Y que la violencia policial no tenga sanciones agudiza esta sensación de impunidad, y el daño que causa.

¿Hay casos que la hayan impactado especialmente?

El de las niñas del Liceo 7 —un colegio público donde dos estudiantes recibieron perdigones de Carabineros— y la del chico que había denunciado una agresión sexual.

Cuando hablas con ellos te das cuenta de que están asustados, temerosos.

Las niñas no entendían que la directora del establecimiento hubiera permitido que Carabineros entrara a disparar.

Hay una lógica de quienes violentan los derechos humanos que minimiza a la víctima, la invalida, la hacen incapaz de defenderse.

¿Cambia la actitud hacia las manifestaciones en los menores de edad agredidos?

Creo que hay distintos niveles, depende de la violencia de la agresión.

Lo que se da es que un actuar policial muy violento gatilla un temor, la persona teme que se reproduzca.

Quienes fueron agredidos muy violentamente se repliegan. La victimización anula a la persona.

¿Cómo puede disminuir el daño que causan estas experiencias?

Con verdad, justicia y reparación a las víctimas: con eso tiene que responder el Estado.

Hay gente que no lo considera necesario.

Pero cuando ves un contexto generalizado de violencia que no es cuestionada de forma categórica, por ejemplo, por el Ministerio del Interior… lo que se genera en las víctimas del Estado es que no se las reconoce, no se las valora, no se las atiende.

Ahí habrá un desafío global que habrá que abordar con mucha profundidad.

¿Quiénes han sido los menores más expuestos a estos atropellos?

Esto es es absolutamente transversal: hemos hablado con niños que viven en lugares vulnerables y otros que no, con los que tienen grupos familiares supersólidos, y con los que no tienen ese acompañamiento.

Lo que sí es real es que los niños, niñas y adolescentes asociados a las manifestaciones estudiantiles han sido foco de atención policial.

¿Qué medidas urgentes plantearía como defensora de la Niñez?

Hay una situación generalizada de escopetas antidisturbios que han sido usadas de forma irregular, sin proporcionalidad.

Deberían ser eliminadas.

Porque lo hemos visto y constatado: Carabineros las usa indiscriminadamente generando lesiones oculares. Nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos ya (registrados) seis casos.

Además, hay que hacer énfasis en un cambio estructural de la formación policial, que sigue validando las agresiones físicas a las personas que aprehenden.

Han naturalizado como válido golpear a las personas en su custodia. Y en razón de ese comportamiento, algunos creen que es lo que les toca por ser detenidos.

Eso favorece la impunidad.

Y es grave, porque cuando un agente del Estado violenta a alguien bajo su custodia, a través de un funcionario que tiene absoluto poder sobre ti, sin que tú tengas opción de defensa alguna, la situación es más difícil de procesar y reparar.

¿Cómo responde Carabineros y el gobierno a sus denuncias?

Lo que hemos visto es que se plantea que cualquier denuncia se remitirá a órganos independientes.

Pero quienes están hoy en el gobierno tienen una obligación primaria: que la policía no viole los derechos humanos.

Eso es prevención. Pero es una obligación que hoy no se está cumpliendo.

¿Qué le diría al presidente Piñera?

Lo que yo he dicho con mucha claridad es que queremos ser parte de la solución. Pero que vamos a seguir denunciando los atropellos.

¿Qué le pediría?

Le pediría una instancia de comunicación directa con niños, niñas y adolescentes para que sepa qué les está pasando, qué podrían aportar.

El desafío es dejar de criminalizarlos o de asimilar todo su comportamiento a lo delictual.

Le pediría que ante la gravedad de la situación que estamos viendo, derechamente instruya a la policía no usar escopetas antidisturbios.

Me gustaría también que asesoraran mejor al presidente Piñera en materia de control civil de la policía, y que ese control fuera más potente.

Y le diría que la represión no puede ser la única salida.