La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró que la grabación de su conversación telefónica con el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva fue ilegal y prometió responder con "todas las medidas apropiadas". (►Escucha el audio completo que revela arreglo entre Dilma y Lula)
Reiteró que sus conversaciones sólo podían ser grabadas con la autorización de la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las grabaciones divulgadas por el juez federal Sergio Moro en una investigación por corrupción que alcanzó al círculo interno de la presidenta. "En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado si no tiene autorización de la Justicia", manifestó.
En una de las conversaciones, interceptada el pasado miércoles, Dilma Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".
El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el ex mandatario fuera investido como ministro.
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Además, Rousseff rechazó la "politización" de las investigaciones y de los órganos responsables del combate a la corrupción, entre ellos la policía, la fiscalía y el poder judicial.
En relación a las manifestaciones que han sucedido en los últimos días en ciudades de todo el país contra su gobierno, Dilma Rousseff aseguró que respeta ese derecho.
"Estoy a favor del más riguroso combate a la corrupción, que todos los corruptos vayan a la cárcel. Lo único en lo que no estoy a favor es de que alguien justifique que para combatir la corrupción, también se tiene que llevar la democracia por delante", dijo Rousseff en un discurso en el municipio de Feira de Santana, en Bahía (noreste).
"Estuve tres años en la cárcel. Cualquiera puede ir a la calle a manifestarse. Lo respeto y lucharé por esos derechos", afirmó la presidenta.
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-Solicitarán investigación sobre escuchas telefónicas-
El ex jefe de Gabinete de Brasil, Jaques Wagner, dijo que solicitará que se investigue si se están realizando escuchas telefónicas en el palacio presidencial de Planalto.
Wagner se pronunció después de que se diera a conocer una conversación telefónica en la que supuestamente el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presionaba al Gobierno para que tomara medidas para evitar el cumplimiento de una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
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El político consideró "muy extraña" la divulgación de la conversación supuestamente autorizada por el juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y recalcó que supone una "falta de respeto a la Constitución" y "al Estado Democrático de Derecho".
"Es imprescindible afirmar que la grabación está basada en una escucha ilegal ya que ni el presidente del PT ni yo somos objeto de investigación", aseveró Wagner en la nota.
Según la conversación, grabada el pasado 10 de marzo, el presidente del PT instó al Gobierno a "moverse" y "tomar la iniciativa" ante la posibilidad de que Lula fuera arrestado, ya que recae sobre él un pedido de prisión preventiva.
La justicia había autorizado el pasado miércoles la divulgación de escuchas telefónicas al ex presidente y ministro Luiz Inácio Lula da Silva, quien es blanco de varias investigaciones por corrupción.
El diálogo sugiere que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el ex mandatario fuera investido como ministro, lo que le otorga el fuero privilegiado y le blinda ante los tribunales comunes.
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Lula juramentó su cargo ministro de la Presidencia el jueves en medio de protestas polarizadas, pero la toma de posesión fue suspendida una hora más tarde de manera cautelar por un tribunal.
El abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó la víspera que Lula continúa siendo ministro, pero no podrá ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial sea resuelta.
Fuente: EFE / Reuters
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