Ministros uruguayos aseguran haber actuado “bajo el marco legal” durante la entrega de pasaporte a narcotraficante

Dos ministros del presidente Luis Lacalle Pou aseguraron este lunes en el Senado que sus carteras actuaron “bajo el marco legal” al otorgar en 2021 un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo.

“Hay que contextualizar: en noviembre ¿quién sabía quién era Marset?”, preguntó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en la interpelación convocada por el senador opositor Mario Bergara, para que tanto el canciller como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicaran cómo y por qué Marset recibió el documento uruguayo.

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Con diez años de antecedentes vinculados al narcotráfico y sospechoso de haber encargado dos asesinatos, incluido el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo, Marset está prófugo desde que a fines del año pasado salió de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa.

El narcotraficante de 31 años fue liberado por Dubái luego de que el gobierno uruguayo le expidiera, en noviembre de 2021, un pasaporte a distancia.

El hecho generó indignación y propició una interpelación a ambos ministros impulsada por el Frente Amplio (FA, izquierda).

Allí, Bergara calificó el hecho como un “escándalo de proporciones” y un “bochorno” para el país, pues el gobierno facilitó documentación a una persona con “un profuso prontuario criminal, que estaba investigado internacionalmente y permanecía preso por intentar usar un pasaporte falso”.

“Somos vergonzosa noticia en el exterior”, describió.

No obstante, Heber alegó que “se actuó bajo el marco legal vigente” y ajustado a derecho, ya que en octubre pasado Marset no tenía pedido de captura por parte de Interpol ni causas abiertas en Uruguay.

De hecho, las autoridades señalaron como responsable indirecto del hecho al gobierno de José Mujica (FA, 2010-2015), ya que en 2014 la administración frenteamplista flexibilizó en un decreto las condiciones para pedir un pasaporte desde el exterior. Desde entonces, al solicitante solo se le exige no tener antecedentes judiciales o causas abiertas en Uruguay, algo que Marset cumplía.

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La requisitoria de Interpol se publicó el 3 de marzo, “no antes”, sostuvo Heber, insistiendo en que se cumplió con el decreto. “La legislación es esa (...), que me parece una barbaridad, sí señor”, agregó antes de asegurar que tienen previsto modificar la norma.

No obstante, Bergara repitió varias veces que el decreto no obliga a expedir documentos y señala que “ante circunstancias no previstas” la decisión de otorgar un pasaporte uruguayo queda a consideración de los ministerios competentes.

“Esa lógica de que el decreto ataba de pies y manos a las autoridades no es cierta”, dijo, entendiendo que “un curso de acción prudente, razonable, cauto (hubiera sido) otorgarle un permiso de viaje solo para volver a Uruguay”.

‘El pasaporte no lo liberó’

A su turno, Bustillo repasó la cronología de gestión del pasaporte y aseguró que desde que Marset solicitó el documento hasta que se le expidió pasó cerca de un mes, en el entendido de que no se trató de un trámite “exprés”.

“Esto fue un trámite administrativo más. En ningún momento tomamos conocimiento ni el ministro (Heber) ni quien habla (...) No corresponde que tenga conocimiento de cada trámite administrativo” que sucede, dijo el canciller.

“Para nosotros era un futbolista uruguayo, de los tantos que hay en el mundo, detenido por usar un pasaporte falso”, añadió, asegurando que de esa manera fue presentado Marset ante los funcionarios de la sección consular.

“La situación es tan increíblemente absurda, que después de que salió en libertad y antes del 3 de marzo, él podía andar por el mundo libremente. El pasaporte uruguayo no lo liberó, lo liberó la justicia emiratí”, señaló.

No obstante, esta tarde el gobierno cesó de su cargo al subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, tras abrir una investigación administrativa por la expedición del pasaporte.

Marset fue acusado días atrás por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como responsable del asesinato del fiscal Pecci, quien fue ultimado por sicarios el 10 de mayo en una playa de Colombia.

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La justicia colombiana condenó por el crimen a cuatro hombres e inculpó a un quinto, pero aún no determinó quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio.

Según un artículo del portal Rebelion.org compartido por Petro en Twitter, las primeras hipótesis “apuntan contra el clan Insfrán, red de tráfico de cocaína comandada por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera”.

Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.