Luego de seis años de un litigio que enfrentó a Chile y Bolivia por el estatus del fronterizo río Silala, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya determinó que sus aguas son de curso internacional y que ambas naciones deben compartirlas. La decisión inapelable supone el segundo revés para La Paz en el máximo tribunal de Justicia de la ONU desde que en el 2018 se dictaminó que Santiago no estaba obligado a negociar una salida al mar para la nación altiplánica.
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El Silala nace en unos manantiales de Potosí, en Bolivia, y cruza la frontera hacia el desierto de Atacama hasta desembocar en otro cauce en Chile. Pero su uso y estatus han distanciado más a ambos estados. La Paz ha defendido por dos décadas que el río se origina de unos manantiales nacidos en su territorio, mientras que Santiago lo considera un río internacional.
Chile demandó a Bolivia ante el tribunal de La Haya en el 2016 luego de que el entonces presidente Evo Morales amenazó a Chile con una demanda por el uso del Silala. El mandatario llegó a acusar a Santiago de “robar” y “desviar” las aguas del río hacia su frontera.
Bolivia respondió en 2018 con varias contrademandas para que la corte reconociera sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena en el Potosí boliviano para reunir agua de manantiales, y exigió que Chile pagara una indemnización por el uso de esos recursos.
En su fallo de este jueves, la CIJ subrayó que “no está llamada a tomar ninguna decisión” sobre la disputa entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala ya que durante el litigio las partes lograron ponerse de acuerdo en que se trata de un cauce internacional.
Además destacó el derecho de los países de hacer uso “equitativo y razonable” de las aguas del Silala.
“Gran triunfo”
Chile celebró el fallo de la CIJ y dijo que la sentencia es “sólida”, “fundamentada” y “categórica”, mientras que Bolivia reconoció el carácter “positivo” de la postura de la corte y destacó el derecho de Bolivia a hacer uso equitativo de las aguas del río y que Chile no tiene derecho adquirido a usar la totalidad del recurso.
Paulina Astroza, abogada, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción e integrante del Comité Asesor de la Cancillería en demandas ante la CIJ, destaca que lo que ha demostrado el fallo es que la posición de Bolivia finalmente se allanó a lo que Chile estuvo sosteniendo desde el principio.
“Es muy importante porque si bien la corte no decide, lo que dice es que no hay objeto de controversia porque las partes han llegado en casi todos los puntos a un acuerdo. Para Chile es un gran triunfo porque no cambió su posición y fue finalmente Bolivia quien reconoció los aspectos que Chile había planteado. Y aquello en lo que había una diferencia la Corte le dio la razón a Chile”, dice a El Comercio.
Para la experta es evidente que hubo un manejo político interno de Bolivia sobre este tema y que, a nivel interno, en ese país puede haber problemas por cómo gestionaron los distintos gobiernos, en especial el de Morales, esta controversia. “Esto no va a satisfacer para nada a quienes realmente creían que Chile había desviado las aguas y que por tanto debía pagar compensación por este uso. Con esta sentencia ya llevan dos fallos de la CIJ desfavorables y se trata de juicios que son largos, caros y que tensan las relaciones de ambos países”, afirma.
“Sensación de derrota moderada”
Rafael Archondo, periodista independiente boliviano, afirma que en Bolivia ya se temía una derrota total hace varios días. Sin embargo, apunta, el modo en que ha sido planteado el fallo brinda al país una sensación de derrota se moderada.
“Cuando los jueces dicen que no tienen nada que juzgar no suena a derrota, pero, claro, va a depender de la forma en que se analice. Si pensamos en la forma en la que Evo Morales lo hacía hace seis años es una derrota categórica porque Bolivia ya no puede exigir una compensación por el uso de las aguas”, dice a este Diario.
Como recuerda “El Deber”, en el 2016, el entonces mandatario defendía “la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala”.
Archondo recuerda que cuando David Choquehuanca era canciller, Chile ofreció pagar por acceso a las aguas del Silala, pero esto generó rechazo en Bolivia porque se decía que si aceptaban el pago aceptaban que ya se había resulto el caso. “Por eso primaron los llamados a seguir litigando. Ahora ya no hay base para eso. Chile ya no tiene que pagar nada a Bolivia y en ese sentido podría pensarse que es una derrota, pero en la práctica la situación no va a cambiar, todo va a seguir igual”, añade.
Además, el experto destaca que, según el fallo de la CIJ, Bolivia tiene el derecho de desmantelar la canalización existente en el río. “Puede comenzar obras y reducir el flujo del río a su nivel mínimo, también eso podría ser eventualmente una victoria de Bolivia si quisiera afectar en algo en Chile”, comenta.
¿Cambio en la relación bilateral?
Tras el fallo de La Haya crecen las interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, las mismas que están rotas desde 1978, cuando fracasó el último intento de negociar un acceso de Bolivia al océano Pacífico.
Para los expertos, los términos del fallo y las posturas de ambos gobiernos indican que se va a rebajar bastante la tensión.
“La corte es una instancia final. El asunto del Silala ha quedado resuelto. Si consideramos que Chile también ya resolvió sus límites marítimos con Perú podríamos decir que Chile ya ha resulto los litigios con sus vecinos. Creo que en Bolivia esto va a generar alivio. Con esto se cierra otro capítulo de la confrontación entre Bolivia y Chile, creo que ya queda muy poco que discutir”, dice Archondo.
Pese a ello, no descarta que en el departamento de Potosí se genere una sensación “muy amarga” porque es esa zona la que más reclamaba el pago por las aguas del Silala.
En la misma línea, Astroza considera que con el fallo el tema debería quedar absolutamente zanjado. “De ahora en adelante, tal como lo señala el derecho internacional y lo dijo la misma corte, lo que debe haber ahora es colaboración, consulta y un diálogo sobre la gestión del Silala, y, por lo tanto, terminar con la controversia”, señala.
“Este fallo debería ser un obstáculo menos en ese diálogo y esa cooperación. Tenemos desafíos y amenazas en común que necesitamos gestionar de manera colaborativa y no competitiva”, agrega.