Renzo Giner Vásquez

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En México hay una pregunta que hoy cumple seis años sin poder ser respondida: ¿dónde están los 43 desaparecidos de ?

Desde que un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desapareciera la noche del 26 de setiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, solo se han ensayado múltiples teorías que involucran a autoridades corruptas, cárteles de narcotráfico y macabras formas de ejecución.

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Lo que tenemos definido es que los estudiantes llegaron a Iguala, tomaron los buses y hubo una agresión en su contra por parte de la policía municipal. Hasta las 10 p.m. el objetivo era evitar que los estudiantes se llevaran estos autobuses por alguna razón. Después de las 11 p.m. el modus operandi habría cambiado hacia la eliminación de los estudiantes por alguna razón”, cuenta a El Comercio Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

Según la denominada verdad histórica, presentada en enero del 2015 por el entonces jefe de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, los jóvenes habrían sido entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron, quemaron los cuerpos en un basurero cercano y arrojaron los restos a un río.

Desde su planteamiento, la teoría fue observada y criticada por diversos expertos mexicanos e internacionales; además, los familiares pidieron al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que se abrieran líneas de investigación paralelas. Su petición fue ignorada.

El gobierno anterior realizó todo un entramado de impunidad para que este caso no se pudiera esclarecer. Alteraron pruebas, construyeron testimonios basados en torturas, destruyeron evidencia fundamental, borraron videos y fotografías que daban cuenta de a dónde los llevaron”, detalla Rosales.

—Dolor incesante—

Pasa el tiempo y hay más dolor, más desesperación, más coraje. No se puede ni pensar en abandonar la búsqueda. Creo que ningún padre, de ningún país del mundo, haría eso. Al contrario, cada día hay más fuerzas y más ganas de encontrarlo”, dice Mario César González, padre de César Manuel, uno de los 43.

Al contestarnos el teléfono, González regresaba de la manifestación que los padres realizaron ante el Consejo de la Judicatura Federal, tras enterarse de que un soborno había permitido que un sospechoso fuera liberado. Hasta el 2019, 77 de los 142 detenidos en torno al caso habían sido puestos en libertad.

Ayer, el grupo de familiares exigió a la PGR emitir 46 órdenes de arrestos pendientes desde junio. Hoy, además, se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó el caso como bandera de campaña.

Con la presunta voluntad del presidente y los equipos que están trabajando se están regenerando las investigaciones”, dice González.

El mandatario puede tener mucha voluntad, pero los cambios también son necesarios en las instituciones competentes”, acota Rosales, quien asegura que dentro de la estrategia legal contemplan iniciar un proceso contra el exprocurador Murillo Karam y “a partir de él se podrán atar cabos hacia niveles más altos del Gobierno Federal”.

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“Detesto esta enfermedad”: el dolor de quienes perdieron familiares a manos del coronavirus. (AFP).

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