“Oficialmente hemos tomado las oficinas de CNDH y seguiremos aquí hasta que nos resuelvan nuestras peticiones”, dijo ayer Yesenia Zamudio, integrante de la agrupación Ni Una Más México, a los medios de comunicación. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
“Oficialmente hemos tomado las oficinas de CNDH y seguiremos aquí hasta que nos resuelvan nuestras peticiones”, dijo ayer Yesenia Zamudio, integrante de la agrupación Ni Una Más México, a los medios de comunicación. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
/ Sáshenka Gutiérrez
Redacción EC
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Parientes de víctimas de feminicidio y desaparecidos incendiaron hoy sillas y papelería del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ocupan por la fuerza desde ayer. Ellos exigen justicia y que Rosario Piedra, la ómbudsman (defensora del pueblo), agilice las investigaciones de sus casos.

Desde los balcones del órgano estatal y autónomo, unas veinte feministas de la organización Ni Una Más lanzaron el mobiliario y, en la fachada, colocaron mantas con fotografías de personas desaparecidas.

“¿Vieron cómo se le rompieron las patas a esa silla? ¡A mi hija así me la aventaron!”, gritó Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, arrojada desde un quinto piso en el 2016, reportó la prensa.

Solo de enero a julio de este año, se registraron 549 asesinatos de mujeres que son investigados como probables feminicidios.

Desde la Sala de Juntas de la CNDH, Delia Quiroga expresó por teléfono a la agencia AFP su “desesperación” ante la falta de respuestas de las autoridades sobre su hermano Roberto desaparecido el 10 de marzo de 2014 en Tamaulipas, frontera con Estados Unidos.

“No sabemos nada de él, no sabemos si está vivo, si está muerto y las investigaciones no avanzan”, comentó Quiroga que también exige protección oficial para ella y su madre.

La madre de Delia fue secuestrada junto con su hermano y fue liberada después de 45 días brutalmente golpeada.

Las familias de víctimas tuvieron una reunión en días pasados con la titular de la CNDH, Rosario Piedra, a quien pidieron apoyo para que la fiscalía y el gobierno atienda sus demandas. Sin embargo, algunos de ellos se quedaron inconformes con el resultado del encuentro, en el que se les concertó citas con funcionarios del gobierno.

Los familiares de desaparecidos piden reuniones con la fiscalía para la revisión de sus expedientes y la continuidad de apoyos económicos para seguir con las búsquedas de sus seres queridos.

Al menos 73.201 personas permanecen desaparecidas en el país, la mayoría de ellas tras una ofensiva militar antidrogas desplegada desde finales del 2006. Desde ese año, han sido asesinadas más de 290 mil personas, según datos oficiales que no precisan cuántas son víctimas del combate a las mafias.

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