El lucrativo negocio de ayudar a entrar a una Venezuela en cuarentena

Luis llegó a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con la ropa sucia, sudado y sin un centavo en el bolsillo.

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Había caminado 45 días desde Lima, donde vivió por dos años, para regresar a su país, Venezuela.

Es uno de los miles de venezolanos que dejaron en los últimos años su país por la crisis y que al quedar desempleado por culpa de la pandemia decidió regresar a casa.

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Su viaje, sin embargo, no acabó ahí.

En Cúcuta le tocó esperar pacientemente por un turno para cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde solo se permite el paso de 300 personas, tres días a la semana.

“Al llegar te anotan por orden de llegada en una lista y esperas por un brazalete, puedes tardar semanas para entrar”, dijo a BBC Mundo este hombre de 39 años, que prefirió no dar su apellido por seguridad.

Como Luis, muchos que perdieron su trabajo o que se quedaron varados fuera de Venezuela por la pandemia y el cierre de fronteras están desesperados por volver a casa.

Muchos están dispuestos a pagar hasta lo que no tienen para entrar cuanto antes y también para evitar quedar confinado en los albergues que ha dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer la cuarentena obligatoria por la pandemia al entrar al país.

Los aeropuertos en Venezuela están cerrados desde marzo y el llamado corredor humanitario de la frontera terrestre con Colombia, principal punto de acceso al país, acepta menos de 1.000 personas a la semana.

La situación es el perfecto caldo de cultivo para el mercado ilegal y la corrupción.

Desde sobornos a autoridades para cortar la fila en el cruce con Colombia, hasta la proliferación de paquetes ofrecidos por agencias de turismo para entrar a Venezuela por Brasil sin cumplir con protocolos de seguridad.

El brazalete

En el departamento colombiano del Norte de Santander, que abarca Cúcuta, se estima que 40.000 venezolanos aguardan para pasar por la frontera, según David Smolansky, miembro de la oposición venezolana y comisionado de la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Ese derecho que tiene cualquier ciudadano a volver al país donde nació está siendo vulnerado”, critica Smolansky.

Una fuente de Migración Colombia confirmó que quien determina cuántos cruzan por día es el gobierno de Venezuela y no siempre otorga espacio para 300 cupos. “Hay días que la cifra varía y sólo reciben 200 personas”.

En Cúcuta, quien tiene dinero puede comprar un lugar en la lista y acortar la espera, constató Luis, que vio cómo mercaderes se abalanzaban detrás de familias que llegaban a hoteles próximos la frontera: “Comienzan diciendo: ‘Aquí van a demorar muchos días, nosotros podemos conseguir que pasen mañana mismo’”.

“Corren detrás de los taxis o carros particulares que traen a venezolanos” y “acuerdan en hoteles o posadas” para comercializar el brazalete que distribuyen las autoridades en Colombia para un tránsito ordenado por el puente internacional.

Hasta 150.000 pesos colombianos puede costar cada cinta en el mercado negro, unos US$40.

“Un representante por cada familia entrega el dinero, el documento de identidad (...) y el intermediario va y habla con los policías colombianos que facilitan el brazalete y los anotan de primero en la lista”, siguió Luis.

“No tenemos declaraciones sobre el tema”, dijo un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Colombia a BBC Mundo. La Policía de Cúcuta indicó que tampoco ha recibido denuncias sobre la venta de estos brazaletes.

Cuatro, cinco, seis, siete… Corrían los días y Luis seguía su turno para cruzar. En ese tiempo contrajo el nuevo coronavirus, lo que agravó su situación.

“Un compañero pagó 50.000 pesos (US$13), porque se identificó como retirado de la Guardia Nacional (de Venezuela), llegó un viernes y pasó el lunes siguiente”, denunció.

“Solo abordan a familias más solventes, saben que los caminantes no tenemos dinero”.

Por Brasil y sin cuarentena

Smolansky dice que unos 111.000 venezolanos han entrado al país desde el despunte de la pandemia tras haberse quedado sin sus empleos en Colombia, Ecuador o Perú.

Casi la totalidad de ellos, 105.000, accedió por Colombia.

Los restantes 6.000 lo hicieron por Brasil, que se ha convertido en una opción para quien tiene más poder adquisitivo y necesitan ya regresar al país.

La agencia de viajes Isis Tours llegó a ofrecer un paquete para varados en Estados Unidos que incluía el vuelo desde Miami a Boavista, la ciudad más próxima a la frontera, garantías de pasar “el mismo día” y traslado a Caracas (a más de 1.200 kilómetros) por carretera “sin hacer cuarentena”.

“Por el salvoconducto (para circular por las vías) el cliente no debe preocuparse (...) está incluido el pase por alcabalas”, precisaba las indicaciones del paquete, que costaba casi US$2.000 por pasajero.

Había una opción más económica -casi US$1.000- con la que el pasajero quedaba un poco a su suerte.

“La agencia no se hace responsable por cualquier inconveniente fronterizo, ni garantizamos que puedan pasar el mismo día y mucho menos nos hacemos responsables de evitar la cuarentena en Santa Elena (la primera ciudad de Venezuela al pasar en la frontera)”, señaló. “Lo más probable es que pase por el protocolo normal asignado por el gobierno”.

La promoción fue cancelada después de una protesta en redes sociales.

Consultada por BBC Mundo, la responsable de Isis accedió primero a “aclarar la polémica”, pero luego no atendió a nuestros llamados.

Otras agencias venden la ruta Miami-Boavista por US$699 como una opción para volver a Venezuela, pero sin ofrecer saltarse los controles o la cuarentena.

Smolansky maneja “cifras conservadoras” de unos 3.000 venezolanos varados en varios países, esperando que abran el espacio aéreo para regresar.

“Pudieran volver en 15 aviones de 200 puestos cada uno (...) 15 vuelos resuelven la situación de los 3.000 varados en el mundo”, dijo a BBC Mundo el opositor.

Ha habido vuelos finalmente desde Madrid, y Maduro ofreció enviar a Estados Unidos un avión de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington, para repatriar a venezolanos.

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó, no ha comentado sobre esta oferta.

Los albergues

El brazalete solo ayuda a pasar rápido por la frontera, pero no evita la cuarentena ya en territorio venezolano que algunos hacen en albergues descritos como lugares insalubres y también centros de extorsión.

Mario, de 37 años, contó, por ejemplo, cómo durante el confinamiento tenían que pagar al Ejército, que controlaba su refugio, “cuatro, cinco veces más del valor” por una gaseosa o un paquete de cigarrillos.

“No había agua potable, no nos daban las tres comidas. Perdí 15 kilos”, narró este hombre que pidió proteger su identidad. “Había cinco pocetas (inodoros) para 380 personas, horrible”.

El fiscal general venezolano, Tareck William Saab, no respondió aún a un pedido de BBC Mundo para comentar estas denuncias.

Maduro ha defendido el cordón sanitario impuesto por su gobierno para los retornados.

“Cuando llegan a Venezuela son libres, son dignos, son humanos otra vez”, se felicitó en una alocución en junio. “Vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan”.

“El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito: es gratuita la prueba del coronavirus, la alimentación, el hospedaje, el transporte en avión o en autobús hasta su casa”.

Pero algunos quieren evitar como sea el confinamiento y deciden cruzar la frontera por las peligrosas trochas (pasos ilegales), por lo que han sido tachados de “bombas biológicas” por el gobierno por no cumplir con los protocolos de seguridad.

Luis, nuestro testigo en Cúcuta, ya está en Maracaibo (Zulia, oeste), su destino final. No pagó sobornos ni cruzó ilegalmente, dice. Armado de paciencia, aguantó 15 días antes de poder entrar a su país finalmente.

Salió el 25 de mayo de Perú y llegó el 24 de agosto a su casa, tres meses después.

“El cruce fue la peor experiencia de mi vida”.

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