Abusando de la Sunat, porJosé Ignacio Beteta

El Congreso vuelve a tener en sus manos la recientemente aprobada y ahora observada por el Ejecutivo Ley 626, conocida como la Ley de Alertas Educativas. Lo paradójico de opinar sobre esta norma, debo anotarlo, es que Contribuyentes por Respeto siempre estuvo atento a los excesos de la Sunat en contra de los ciudadanos y, ahora, toca más bien denunciar lo que parece ser un abuso en contra de nuestro ya agrietado y vulnerable sistema de recaudación.

¿Cuál es el principal mandato de esta iniciativa? Obliga a la Sunat a brindar una capacitación para cada infracción que por primera vez cometa una microempresa y pequeña empresa antes de poder sancionarla. ¿Todo bien con la norma? No. Alerta.

El primer defecto que se puede observar en ella, por más bien intencionada que sea, es que de las 61 infracciones que abarca, varias no implican algún desconocimiento o falta de asesoría, sino que constituyen prácticas evasivas y de resistencia a la autoridad. ¿Qué necesidad de ser capacitado podría tener un empresario que impide el control de sus camiones en la carretera, no asiste al llamado de la administración tributaria, oculta o destruye libros contables, o comercializa bienes de forma clandestina? Más aun, la ley no establece si la empresa debe o no subsanar la falta antes de recibir esta gaseosa “alerta educativa”.

En segundo lugar, ¿a quién favorece la ley? En principio, beneficiaría a la microempresa y pequeña empresa. Sin embargo, cuando nos referimos a la “pequeña” empresa (4,5% del total), hablamos de 78 mil contribuyentes que venden hasta 6,9 millones de soles al año. Evidentemente, el incumplimiento de deberes tributarios por desconocimiento en aquellas que rozan el límite superior de la escala es improbable. Generalmente, cuentan con equipos contables que pueden anticipar faltas y conocen bien la norma tributaria. No obstante, también serían beneficiadas por este programa que, en nuestra opinión, debería apuntar –como ocurre en Chile– solo a las microempresas (92% del total), que representan a 1,8 millones de emprendedores y concentran a más del 70% del mercado laboral.

En tercer lugar, la norma no especifica cómo se ejecutaría este sistema de capacitación que constituye, supuestamente, el corazón de la iniciativa. Asumiendo que el reglamento o la Sunat llenarán este vacío, nos encontramos frente a dos escenarios: o armamos un sistema de capacitación presencial y descentralizado que sería carísimo y debe estar listo en 60 días; o hablamos de una estrategia de impacto pedagógico nulo, basada en el envío de algún boletín o la asistencia a una breve cita en la que el infractor recibiría un material impreso que probablemente sirva para limpiar los vidrios de su oficina.

La evasión del IGV le cuesta anualmente al país 22 mil millones de soles (aproximadamente siete veces el presupuesto del Seguro Integral de Salud). La evasión del Impuesto a la Renta nos cuesta 35 mil millones de soles al año (1,5 veces la reconstrucción nacional con cambios). No abusemos. Lamentablemente, esta ley podría “ablandar” mucho las estrategias de fiscalización de la Sunat y fomentar más bien una cultura de informalidad, incumplimiento y beligerancia, que seguramente muchísimas mypes responsables y éticas no promoverían.

Hizo bien el Ejecutivo en observarla y haría bien el Congreso en rediseñarla focalizando mejor a quién beneficiará y cómo se implementará para que no resulte ser un búmeran. A diferencia de lo que quizá piensen nuestros padres de la patria, los peruanos que nos rompemos la espalda trabajando por nuestros hijos no queremos subsidios, privilegios, regalos o exoneraciones si con ello se va a debilitar nuestra casi inexistente cultura de cumplimiento de los deberes tributarios. La urgente alerta educativa que sí debe ser levantada es que en el caso de esta ley la medicina puede resultar mucho peor que la enfermedad.