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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado que dejará sin efecto las nuevas tablas de mortalidad aplicables al Sistema Privado de Pensiones y que abrirá un debate técnico, de amplia difusión, tal como lo solicitaron varios sectores del país. Es una saludable rectificación que confirma que las decisiones que toman las autoridades deben ser siempre transparentes, participativas y debidamente fundamentadas. Ello es una condición esencial en un país moderno y democrático.
Las tablas de mortalidad buscan garantizar la sostenibilidad del sistema, pero este objetivo debe conjugarse con el resguardo de los intereses de los pensionistas y aportantes, para quienes su fondo previsional representa años de esfuerzo y la esperanza de contar con una vejez digna.
Haber iniciado el procedimiento de prepublicación sin difundir el estudio que le servía de sustento generó un problema que, afortunadamente, trata de ser corregido. Para ello, es necesario que cualquier persona pueda contar con esta información de manera fácil, accesible y oportuna. Así, con las entidades públicas concernidas y los expertos, la ciudadanía podrá participar en un debate con sustento técnico que permita a la entidad competente adoptar una decisión que, al tiempo de cuidar la sostenibilidad del sistema, garantice por igual el derecho a la seguridad social de los pensionistas y aportantes.
No debe olvidarse que el artículo 65 de la Carta Magna y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalan que la SBS, y en general todo el Estado, tiene el deber de brindar especial protección a los intereses de los usuarios del sistema de pensiones. Este sistema, además, está reconocido como un servicio público dirigido a garantizar el derecho fundamental a la pensión, que es de máxima importancia, pues afecta, en su gran mayoría, a una población muy vulnerable: los adultos mayores.
En ese sentido, la discusión sobre este tema debe ir acompañada por una amplia difusión que incluya, entre otras acciones, la publicación electrónica del documento que sustenta las tablas, la formación de una mesa técnica integrada por entidades públicas y privadas especializadas que contribuya al debate. Asimismo, la creación de enlaces webs fácilmente accesibles que proporcionen información oficial sobre los diversos componentes de las tablas y su utilización práctica en el cálculo de las pensiones. Igualmente, el uso de otros mecanismos de alcance masivo como la radio y la televisión.
El aumento de la esperanza de vida nos conduce a un debate más amplio e integral sobre la necesidad de incrementar la baja cobertura previsional, pues más del 70% de peruanos adultos mayores no cuenta con ninguna. Hacia el 2050 este sector de la población representará el 21% de la población y ello exige políticas de largo aliento para superar la alta informalidad en el empleo, evaluar la consistencia de los sistemas de pensiones que actualmente coexisten y generar una mayor cultura previsional.
Decisiones de este tipo no pueden adoptarse sin la participación ciudadana, pues solo así avanzaremos en la construcción de una sociedad para todas las edades, donde todos podamos envejecer con dignidad.
