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El Perú se ha planteado un objetivo exigente de cara al bicentenario: ingresar al grupo de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cumplir con este propósito requiere de un esfuerzo enorme y coordinado de todas las autoridades para reducir las brechas de desigualdad y acercarnos a los estándares que exige esta organización en calidad y cobertura de servicios básicos, fortalecimiento de la institucionalidad y en la adopción de medidas de integridad y lucha contra la corrupción.
Con miras a alcanzar este último objetivo, el pasado 28 de febrero el jefe adjunto de integridad en el sector público de la OCDE, Julio Bacio, entregó al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el “Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú”. El informe recomienda promover un sistema de integridad coordinado, fortalecer la ética pública y la gestión de conflictos de intereses, establecer un lobby íntegro y transparente, implementar un sistema efectivo de protección para denunciantes de corrupción y garantizar un mejor control interno y una gestión de riesgos. Además, dos temas centrales que plantea el estudio son el combate al financiamiento ilícito de la política y el fortalecimiento del sistema de justicia penal anticorrupción. En suma, la OCDE nos ha sugerido un conjunto de medidas preventivas, de control, de sanción penal y de reformas políticas que permitan al país estar en mejores condiciones para alcanzar sus estándares de integridad.
El estudio coincide en lo sustantivo con las propuestas formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad, que me tocó dirigir hasta diciembre pasado. Lo que corresponde ahora es evaluar los avances y poner énfasis en las tareas pendientes.
Avances existen. El informe de la OCDE destaca la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en el 2010 como una instancia de coordinación al más alto nivel. También la reciente ley de protección al denunciante y la creación del sistema especializado anticorrupción, medidas que tendrán un impacto importante si se les asigna el presupuesto necesario y se implementa una adecuada protección a los denunciantes.
En cuanto a lo pendiente, es necesario avanzar en promover un sistema de integridad en la administración pública que prevenga la corrupción. Para ello se debe fortalecer a la CAN mejorando su composición, concentrando su labor en objetivos prioritarios y coordinando mejor el trabajo en las comisiones regionales.
El informe de la OCDE plantea otros pendientes, como el fortalecimiento del marco normativo de control interno y la gestión de riesgos. Al respecto, la contraloría ya ha propuesto un conjunto de modificaciones normativas que deberán ser evaluadas tomando en cuenta estas recomendaciones de la OCDE. También se requiere mejorar la regulación de la gestión de conflictos de intereses y del lobby, promoviendo la máxima transparencia en estas actividades y quitarle así el estigma que pesa sobre él.
Finalmente, la OCDE también indica como un tema de urgente atención a la reforma del financiamiento de partidos políticos y de las campañas electorales, para evitar que el dinero ilícito ingrese a la política. Deben prohibirse y sancionarse las donaciones anónimas, bancarizarse los aportes dinerarios a partir de 1 UIT (S/4.050) y fijarse un tope a los recursos recaudados en actividades proselitistas (10% fue la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad). La Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, a cargo de la congresista Úrsula Letona, tiene un rol decisivo para impulsar estas reformas en el Congreso.
La grave situación provocada por el caso de Odebrecht y otras empresas, que involucra a los últimos gobiernos, constituye una oportunidad invalorable para adoptar medidas eficaces, integrales y coordinadas tanto para prevenir la corrupción como para sancionarla drásticamente. La labor iniciada por el Ministerio Público está siendo fundamental para develar este megacaso de corrupción. Hay que actuar de manera decidida contra los corruptos y contra las causas de la corrupción. Para ello se requiere el esfuerzo coordinado del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, las distintas instituciones del sistema de justicia, la sociedad civil y los medios de comunicación.
La lucha contra la corrupción es compleja y prolongada, pero aun ante un diagnóstico que parece desolador, son muchas las personas e instituciones comprometidas con un Perú libre de corrupción. Hay un sentimiento de indignación que tiene que ser canalizado y liderado por nuestras altas autoridades para promover una cultura de integridad y cambiar la inercia con la que hemos actuado hasta ahora.
