Apoyo sin precio, por Augusto Rey Hernández de Agüero

El jueves 14, este Diario sugirió que la Municipalidad de Lima había contratado a una decena de personas vinculadas a la cultura y la comunicación a cambio de su participación en la campaña por el No en el proceso de revocación. Mucha de la información consignada en la nota es, en el mejor de los casos, tendenciosa. 

Desde el 2011, la Municipalidad de Lima ha contratado a poco menos de 300 artistas, colectivos y músicos para participar en las más de 1.200 actividades que ha organizado a través de la Gerencia de Cultura, las cuales han llegado a 3 millones de limeños. 

Hasta la actual gestión, Lima, metrópolis de herencia cultural milenaria, no tenía ningún tipo de política ni plan de cultura. En el 2010, la inversión municipal en el sector fue de 2 millones de soles. Esta cifra, entre los poco más de 9 millones de limeños, es insignificante: una inversión en cultura de alrededor de 20 céntimos al año por habitante. Hoy, en el 2014, esa cifra ha aumentado a 2,20 soles anuales y, por primera vez, se dio a la cultura el lugar que merece dentro de la estructura de gobierno municipal, creando una institucionalidad cultural que no existía previamente y que trascenderá a esta gestión.  

El que una ciudad tenga una brecha de infraestructura y demandas de otra naturaleza que deben ser cubiertas no justifica que se descuide ni relegue el desarrollo cultural de sus ciudadanos. Este no solo genera beneficios inmateriales, sino que puede constituirse como una industria capaz de generar desarrollo económico, crear puestos de trabajo y promover el turismo. 

Una oferta cultural activa nos pone al nivel de las ciudades más competitivas del continente. Es precisamente por esa razón que Lima ha sido declarada Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2014. 

En este contexto, resulta especialmente dañino para la ciudad que se pretenda ensuciar el trabajo emprendido por la actual gestión municipal en materia de cultura. Sugerir que los artistas señalados por este Diario fueron contratados debido a su participación política o a su simpatía con Susana Villarán es un sinsentido. Más aun cuando se considera la participación política de varios de los contratados por la municipalidad en los últimos años, entre quienes se encuentran artistas que respaldaron el Sí durante la revocación o que tienen una afiliación política que representa actualmente a la oposición de la gestión. 

Debería ser innecesario señalarlo, pero ninguna de las personalidades que participó en la campaña del No cobró por expresar su apoyo. Las convicciones, para muchos, no tienen precio. Los artistas injustamente agraviados fueron contratados por la Municipalidad de Lima en mérito de su incuestionable trayectoria profesional y talento para actividades específicas que nada tenían que ver con el proceso de revocación. 

Es preocupante que se pretenda castigar a ciudadanos por el simple ejercicio de sus derechos políticos fundamentales o que algunas personas hayan sugerido veladamente que los trabajadores de la cultura no deberían cobrar un sueldo digno por su trabajo. Esperemos que esa postura no se instaure nunca, independientemente de quien asuma las riendas de los próximos gobiernos municipales de la capital.