Armando un Tribunal (in)Constitucional, por Fernando Málaga y Rubén Cáceres

Se le atribuye a Napoleón el haberle dicho a su ayudante “vísteme despacio, que tengo prisa”. La frase denota la calma y sangre fría que debe preceder a todo acto o decisión importante. Y viene al caso debido a la voluntad del actual Congreso de elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional a pocos días de que se instale un nuevo Legislativo y Ejecutivo.

Que el Congreso tiene la potestad legal de hacerlo está fuera de toda duda, ¿pero tendrá la legitimidad necesaria para hacer cumplir la Constitución durante todo un nuevo período presidencial? Crea más dudas sobre la capacidad del actual Congreso de efectuar una buena elección el contenido de las preguntas que en las entrevistas personales se le vienen haciendo a los actuales candidatos.

Estas están dirigidas no a evaluar la integridad de los postulantes, sus conocimientos, cultura general y, en especial, los criterios de su razonamiento, sino a conocer si se encuentran políticamente alineados con los intereses de los partidos de los congresistas que realizan las preguntas. Esto, además de violar el derecho a la libertad de conciencia, que es un derecho constitucional, está dirigido a designar miembros del Tribunal parcializados con determinadas ideas. Podría ser una nueva repartija.

Esto ya sucedió en el 2013, cuando las bancadas partidarias en el Congreso decidieron repartirse por cuotas la nominación de los magistrados del Tribunal Constitucional. En ese proceso de renovación del TC se determinaron los asientos en función del número de representantes por bancada. Es decir, se politizó la elección de los magistrados. Este acto es contrario a la esencia misma de la Constitución.

La denuncia mediática, como la reacción de la sociedad civil, impidió que la repartija se concretara.

Pero esta forma de elegir jueces, sean constitucionales o jurisdiccionales, es parte de la mentalidad nacional donde prima la idea de que ser imparcial no es ninguna virtud y que juzgar sin poner de lado inclinaciones personales o de cualquier otra clase es moneda común.

Ser imparcial implica un acto de lucidez. Quien juzga o analiza cualquier cuestión debe tratar de reflexionar si existen motivaciones conscientes o no que lo inclinen a ver las cosas de cierta manera.

Es cierto que la objetividad total no existe, pero al menos se debe intentar estar consciente de que factores políticos o emotivos pueden afectar nuestra visión de la realidad y nuestro pensamiento.

En este momento, en el que un candidato a la presidencia amenaza la misma existencia del TC, es aún más importante que se designe como jueces constitucionales a personas de reconocida calidad moral y capacidad de juzgar profesionalmente y de manera imparcial.

Tener presente la “repartija” como la urgente y perentoria necesidad de lograr un equilibrio institucional otorga el telón de fondo a un proceso que requiere transparencia más que apuro y nocturnidad. Es momento de llamar, entre tanta crispación, a actuar con serenidad y calma, pensando en el bien común y no en un interés subalterno de corto plazo.