Suena el despertador, te levantas, prendes la televisión y, mientras preparas el café, escuchas el mismo relato de todos los días, pero con personajes distintos. Esta vez es Edith Malca Romero, de 68 años, asesinada en San Juan de Lurigancho con dos balazos en la cabeza cuando regresaba a su casa del trabajo.
Por duro que suene, noticias como esta ya no sorprenden. Hoy, en promedio, una persona muere a manos del sicariato cada 15 horas. En este contexto, tampoco sorprende que únicamente un 3% de peruanos respalde a Dina Boluarte, cuya gestión del crimen viene siendo, a todas luces, ineficiente.
Y es que, como toda política pública –más aún si restringe derechos–, las medidas para enfrentar la delincuencia deberían basarse en criterios técnicos y estadísticas que las respalden. ¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo para frenar la galopante inseguridad? Veamos algunas de las más pomposas.
A finales de setiembre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, decretó el estado de emergencia –la “vieja confiable” de esta y otras gestiones– en 13 distritos, una medida que continúa defendiendo a capa y espada. Esto, pese a que el Gobierno ya había usado este truco sin éxito el año pasado: luego de la medida, los índices de denuncias no solo no disminuyeron significativamente en ningún distrito donde se aplicó, sino que aumentaron en algunos.
Luego, cortesía del MTC, vino otro refrito: una propuesta para prohibir que dos personas circulen en una moto. Según el ministro Raúl Pérez-Reyes, la prohibición había probado ser eficaz en Colombia cuando, de hecho, su aplicación en ese país recibió duras críticas por no haber dado frutos en la lucha contra el crimen.
Con la misma pompa se promocionó la inclusión de Vladimir Cerrón en el Programa de Recompensas del Mininter. Mientras tanto, los datos muestran la realidad del sistema: la mayoría de los incluidos están prófugos hace más de cinco años, y las recompensas pagadas el año pasado fueron un 90% menos que durante el pico del programa, en el 2017. Pan y circo.
Por último, el Congreso no se queda atrás. Luego de la polémica por la posible incorporación del delito de criminalidad sistemática –otrora “terrorismo urbano”–, hace unas semanas, se aprobó un dictamen para que los menores de edad de 16 y 17 años sean procesados y juzgados como adultos para “reducir la inseguridad ciudadana”. Lo que no dice la propuesta es que las personas de esas edades representan menos del 1% del total de denunciados por infringir la ley penal, como hemos reportado desde ECData.
Y así, mientras las autoridades improvisan y reciclan ideas fallidas, extorsionadores y sicarios avanzan.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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