El Perú recauda poco –14,6% del PBI en el 2025, uno de los niveles más bajos de la región–, pero invierte mucho. Según el último informe del Banco Mundial (BM) sobre finanzas públicas, la inversión estatal en el país bordea el 5% del PBI, por encima de nuestros vecinos e incluso de varias economías desarrolladas de la OCDE.
Sin embargo, demasiados proyectos no llegan a término. Las obras abandonadas (con avance financiero menor del 90% y 18 meses o más sin desembolsos) han proliferado y socavan la efectividad de los recursos movilizados. Entre las inversiones activas que empezaron a gastar desde el 2012 hay más de 18 mil en esa situación: una de cada cinco.
Si esas obras no se retoman –el escenario más probable–, lo invertido puede darse por perdido. Y el cuadro empeora si se suman las obras paralizadas, aquellas que, sin llegar a estar abandonadas, acumulan períodos de seis meses o más sin avances.
El problema es eminentemente subnacional. El 90% de las obras abandonadas están a cargo de gobiernos locales y regionales, y el 40% se concentra en cinco departamentos (Lima, Áncash, Junín, Cajamarca y Puno). Especialmente preocupante con miras al FEN es la prevención de desastres. En la construcción de defensas ribereñas, el abandono alcanza la tercera parte de los proyectos; 9 de cada 10, en manos de las municipalidades.
Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), los proyectos abandonados acumulan S/13.600 millones devengados y llevan, en promedio, 40 meses sin ejecución. Son obras que arrancaron, quedaron a medias y desaparecieron del radar.
¿Cómo llegamos a esto? El primer problema está en la puerta de entrada. Invierte.pe acertó al simplificar el ciclo de inversión, acortando tiempos y dinamizando el sistema. Pero la descentralización de la evaluación tuvo un costo: los estudios previos ahora los revisan y aprueban las propias unidades formuladoras, sin una instancia independiente que actúe como filtro. A ello se suma que los gobiernos subnacionales destinan pocos recursos a la preinversión, lo que los lleva a contratar consultores poco calificados.
El segundo problema está en la programación. El sistema prevé que las inversiones se prioricen en una cartera multianual antes de recibir recursos, pero ese requerimiento se salta con facilidad. Como subraya el BM, entre el 2012 y el 2023, más del 80% de los proyectos nuevos ingresó al presupuesto mediante modificaciones, sin haber pasado por la programación multianual ni estar en el presupuesto inicial. Cada proyecto que entra a mitad de año compite por recursos con los que ya están en marcha y eleva el riesgo de que estos queden abandonados. Se empieza mucho y se termina poco.
El tercero es de capacidades. La tasa de abandono varía mucho entre municipalidades, y ni la pobreza ni el tamaño explican por sí solos la diferencia. Entre municipios de características similares, unos terminan sus obras y otros las dejan a medias. La escasez de personal calificado y la alta rotación de los equipos técnicos pesan en el resultado.
Y, no menos importante, está el ciclo electoral. La paralización de obras se agudiza en los años de elecciones municipales, cuando el incentivo más poderoso es inaugurar proyectos propios antes que terminar los heredados.
Corregir estos problemas exige cambiar las reglas, algo que el nuevo reglamento de inversión pública comienza a abordar. Un primer paso sería bajar el umbral a partir del cual los estudios pasan una revisión independiente. Hoy el reglamento la exige solo desde S/250 millones, monto que dejaría fuera casi a todos los proyectos abandonados. Igualmente, solo deberían entrar al presupuesto los proyectos que hayan pasado por la programación multianual, lo que requerirá un acuerdo político con el Congreso. Finalmente, ninguna obra nueva debería arrancar sin antes asegurar el financiamiento de las que ya están en curso.
Mientras eso no ocurra, cada sol invertido corre el riesgo de quedar en nada.
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