Atrapado sin salida

El exprocurador general del Estado, Daniel Soria, intentó el miércoles reasumir funciones luego de que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima lo repusiera en el cargo tras una destitución ilegal por haber denunciado a Pedro Castillo en el Caso Puente Tarata III. Hasta el cierre de esta columna, Soria no podía ingresar a su despacho. El Gobierno desacataba la orden con la comisión de al menos dos delitos. El martes, el presidente Pedro Castillo y el ministro de Defensa, Daniel Barragán, recibieron públicamente a varios centenares de licenciados de las Fuerzas Armadas ligados al movimiento etnocacerista de Antauro Humala. En esta manifestación, bastante bien organizada y financiada, los dirigentes pedían el cierre del Congreso por un supuesto “clamor popular”.

Al avalar expresa y públicamente esta ilegalidad, y de concretarse, el presidente estaría incurso en una de las causales de denuncia que sí fija el famoso artículo 117 de la Constitución (“impedir el funcionamiento del Congreso”). Pero agregó una amenaza (una más) abierta contra los medios de comunicación apostados en el patio principal de Palacio que precisamente cubrían una manifestación política a favor del Gobierno.

Días antes, el Ministerio del Interior, que ya estaba presto a dar de baja al coronel Harvey Colchado por el apoyo decidido de la Digimin en las labores operativas de la fiscalía contra la organización criminal instalada en el Ejecutivo, redujo el presupuesto de esta división. Aunque la denuncia del abogado de Colchado evitó el daño mayor, el objetivo es disminuir su capacidad logística. Una seña más de la clara obstrucción del Gobierno a la labor investigativa del Ministerio Público.

He recapitulado tres hechos de los últimos 10 días que muestran la comisión de delitos flagrantes y que, por sí mismos, deberían motivar (en una situación normal) la procedencia de una vacancia por incapacidad moral de Castillo casi exprés, al permitirlos o avalarlos personalmente.

En el Congreso se ha logrado, por largo, conseguir las firmas para un tercer intento de vacancia; no obstante, siguen en duda los 87 votos. Más allá de una muy débil presión ciudadana para que los parlamentarios funcionales al oficialismo dejen su complicidad con la corrupción, como destacó este miércoles en su columna Fernando Vivas, acaso una solicitud de prisión preventiva de la fiscalía contra algunos de ellos debido a sus pactos con la organización criminal liderada por Castillo termine asegurando, por efecto demostrativo, ese número mágico o algunos más.

Las salidas inmunes de Castillo son inexistentes. Toca a la opinión pública y a la ciudadanía seguir presionando para ponerle punto final a esta cleptocracia de 15 meses.