"Barreras e informalidad", por Fernando Cáceres Freyre

FERNANDO CÁCERES FREYRE

Director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto

La brecha de infraestructura –calculada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) en US$88.000 millones– es uno de los problemas estructurales más severos de nuestra economía. No solo puede limitar el crecimiento sino que puede restringir la movilidad social y las oportunidades de mercado. Su reducción debe ser un objetivo país, sobre todo el de aquella “infraestructura básica” que todos necesitamos: agua, energía y comunicaciones. Para lograrlo, se requieren políticas públicas que ofrezcan un marco institucional adecuado para el desarrollo de la gestión empresarial, sea privada, pública o de asociaciones público-privadas. 

Al respecto, observamos dos áreas de mejora comunes a los sectores que ofrecen esta infraestructura básica. Una de ellas es la eliminación de barreras burocráticas y la otra la reducción de la informalidad, las que en el caso del sector telecomunicaciones se manifiestan así: 

Barreras burocráticas: A pesar de que la Ley 29022 estableció en el 2007 que los requisitos para el otorgamiento de permisos para instalar nueva infraestructura de telecomunicaciones serían establecidos por el Gobierno Central, tan solo en Lima existen 14 distritos que exigen requisitos diferentes a los previstos en la ley, y al menos cuatro distritos que –por razones de salud pública– no otorgan nuevos permisos (San Isidro, Miraflores, San Luis y Barranco), según un informe reciente de “Semana Económica”. De hecho, conservadoramente puede estimarse que por estas barreras burocráticas existen actualmente inversiones estancadas por US$80 millones. 

Informalidad: El caso del servicio de Internet resulta ilustrativo, pues la informalidad ya llega a 25% del mercado y está creciendo a tasas anuales de 40%. Así, encontramos usuarios informales que invaden sin autorización las redes formales para “piratear” Internet, usuarios formales que revenden sin autorización el servicio a través de antenas Wi Fi, y empresas informales que revenden el servicio a través de cableado físico. 

Un primer paso positivo es que el Ejecutivo haya propuesto al Congreso que el trámite para instalar nueva infraestructura de telecomunicaciones sea de aprobación automática, en vez del actual silencio administrativo positivo (debiendo focalizarse los municipios en fiscalizar posteriormente los requisitos de seguridad, salud pública, medio ambiente, etc.). Sin embargo, aún se requieren políticas públicas en varios frentes: 

1. Campañas educativas que informen a la opinión pública acerca de las razones por las que no hay una probabilidad significativa que las antenas puedan causar cáncer, como sí ocurre con los rayos ultravioleta y gama (American Cancer Society). 2. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales a fin de que no impongan barreras burocráticas y, eventualmente, la intervención del Indecopi para destrabarlas. 3. Aplicación de sanciones efectivas por parte del MTC y del Osiptel a las empresas y usuarios informales. 4. Análisis de impacto regulatorio que permita determinar si las normas sectoriales están mejorando o agravando los problemas de barreras e informalidad. 

En CADE 2013 los empresarios se comprometieron a realizar las inversiones necesarias para reducir esta brecha de infraestructura en los próximos diez años (por ejemplo, llevar Internet a 40% del casco urbano, a 60% del sector público y al 80% de las poblaciones con más de 1.000 habitantes). Démosles las herramientas, para exigir su cumplimiento.