Esta semana se cumplieron 25 años de la declaratoria de un sector del Centro Histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cumplir bodas de plata es una buena oportunidad para evaluar cuánto se ha avanzado en materia de recuperación de este valioso sector de la ciudad, cuyo deterioro social, económico y físico se hizo evidente en la década de 1980 y sobre el cual conviene hacer algunas reflexiones.
Desde la declaratoria de Lima como Patrimonio de la Humanidad, se instituyó algo que podemos denominar una política de conservación, que buscaba básicamente poner fin al deterioro del Centro Histórico y emprender la recuperación de sus principales monumentos, ponderando valores artísticos e históricos. Esta política se tradujo en acciones puntuales que consistieron en la recuperación de espacios públicos, retirando a ambulantes y reorganizando el transporte. Ello permitió peatonalizar vías, que son espacios recobrados para beneficio de la ciudad.
Sin embargo, este exitoso proceso no ha sido acompañado por la recuperación de edificaciones que, salvo contados casos, han mantenido –y también incrementado– su proceso de deterioro. De las casi 6.000 edificaciones del Centro Histórico, más del 40% se encuentra en un rango alto o muy alto de riesgo sísmico debido a sus malas condiciones, lo cual podría afectar a unas 40.000 personas en un sismo de alta intensidad. Sobre este aspecto se ha avanzado muy poco. En los últimos 25 años, las condiciones de habitabilidad en el Centro Histórico han empeorado hasta casi llegar a una situación de emergencia.
Por otro lado, también es evidente la pérdida de sectores importantes del Centro Histórico. Tal es el caso de Barrios Altos, donde el crecimiento comercial del Barrio Chino y Mesa Redonda desplaza a la actividad residencial, tan necesaria para la sostenibilidad urbana, y se construyen depósitos y playas de estacionamiento destruyendo edificaciones y monumentos de forma clandestina. Probablemente esto sea consecuencia de la excesiva tutela que han desarrollado los organismos encargados de su conservación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (a través de Prolima) y el Ministerio de Cultura, que no alientan la posibilidad de inversión del sector inmobiliario, algo que es necesario replantear.
En los últimos años se observa también un estancamiento desde el punto de vista institucional, que parte del debilitamiento de Prolima. En tiempos del alcalde Alberto Andrade, e incluso en los anteriores períodos de Luis Castañeda, esta institución cumplió un rol muy importante en el proceso de recuperación, pero ahora parece ser parte de esa anomia que vive la actual gestión en materia de desarrollo urbano, que se caracteriza por una falta absoluta de planes. Llama también la atención que hasta ahora no se designe una persona en la dirección de Prolima, institución sin cabeza visible desde hace casi un año.
No quisiera terminar esta nota sin ser propositivo. La recuperación del Centro Histórico de Lima dependerá de la instauración de nuevas políticas que, sin descuidar la conservación del patrimonio, tengan como objetivo fundamental la renovación urbana con obras nuevas de calidad, sujetas a estrictos parámetros edificatorios que apunten a la conservación del contexto urbano. Hablamos de la construcción de viviendas y de la dotación de equipamiento y servicios necesarios para un adecuado desarrollo de la vida humana y urbana, lo cual mejorará la residencialidad y habitabilidad del Centro Histórico.
Para ello será necesario también convocar al sector privado y que este tenga las condiciones para invertir dentro de un marco legal adecuado, con una ventanilla única donde los organismos encargados (la Municipalidad Metropolitana, el Ministerio de Cultura e inclusive el Ministerio de Vivienda) se constituyan en promotores de inversión. La Lima histórica, Patrimonio de la Humanidad, que en poco más de 18 años cumplirá su quinto centenario, bien se lo merece.