Buscar las llaves donde apunta la luz, por Patricia Balbuena

En la última crisis de Las Bambas, los voceros del gobierno señalaron que el resurgimiento del conflicto obedecía al incumplimiento de acuerdos por cerca de S/1.000 millones derivados de las mesas de desarrollo de Cotabambas y Chall-huahuacho. Esto puso en cuestión lo dicho por el propio ministro de Energía y Minas, quien ante el Congreso señaló que se había cumplido el 30% de los acuerdos y el resto de lo comprometido se encontraba en formulación y diseño. 

Este diagnóstico ha venido acompañado de un inmediato remedio: crear una gerencia de monitoreo de los acuerdos dentro de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) y un plan de desarrollo integral para la provincia. ¿Pero es esta la causa del resurgimiento del conflicto? ¿O el gobierno está buscando las llaves donde apunta la luz y no donde originalmente se perdieron? La revista “Willanakiq” de la propia ONDS, en su edición de octubre del 2016, muestra que el diálogo en ambas mesas continuaba y se avanzaba en la agenda de cumplimiento de los compromisos. 

¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles son los reales motivos del despertar del conflicto? Considero que el gobierno pierde de vista un factor de vital importancia: la diversidad social de la zona y la fragmentación de sus intereses. En este contexto, varios actores han sido dejados de lado de las mesas de diálogo, lo cual genera incentivos para que busquen negociar de manera independiente con el Estado. 

Por un lado, tenemos a los alcaldes distritales que demandan recursos financieros para sus proyectos. Quieren obras que les permitan tener legitimidad ante sus electores y lo que reciben por Foncomún no les alcanza. Otros actores son los frentes de defensa, con una agenda centrada en lo ambiental y los derechos humanos. Sus demandas tienen que ver con la fiscalización a la empresa y las afectaciones. 

Por otra parte, las comunidades campesinas de las áreas de influencia directa demandan a la empresa el cumplimiento de acuerdos sociales como empleo a toda la población. Pero estas comunidades no son las únicas: existen comunidades no identificadas como afectadas pero que terminan con impactos no previstos en los instrumentos ambientales. Este es el caso de las comunidades por donde pasan los camiones llevando el mineral y que demandan una retribución por el uso de sus suelos y piden pagos en efectivo. La expectativa en la construcción del mineroducto dejó a 20 comunidades con la idea de vender sus suelos o alquilarlos. 

Tenemos así, actores con lógicas políticas y económicas legítimas pero fragmentadas y, en muchos casos, enfrentadas entre comunidades y municipalidades. Pero con o sin conflicto se necesita construir la infraestructura estatal para sostener el crecimiento económico de la zona y cerrar inmensas brechas de cobertura de servicios, además de garantizar una presencia permanente del Ejecutivo que permita un diálogo fluido y cercano.

Los acuerdos a los que arribó el anterior gobierno pueden ser cuestionables por la lentitud en su cumplimiento, pero más allá de la crítica, ese proceso de diálogo no puede perderse y, más bien, hay que abrirlo a los otros actores y sus demandas. Los problemas de pobreza que se buscaron tratar con las mesas de diálogo estaban antes de la presencia minera y permanecerán si no se asume un papel activo para avanzar. Pero también hay otras agendas para lograr beneficios por la actividad minera. Le toca a este gobierno mostrar si tiene las capacidades para hacer lo que el anterior no logró y tomar esta crisis como una oportunidad para demostrarlo.