¿Cuál debe ser el accionar del Congreso ante la denuncia constitucional contra Pedro Castillo?

“La ciudadanía debe estar segura de que el Congreso cumplirá cabalmente con preservar la democracia”.

Hemos concluido el primer año de gobierno en una situación crítica para nuestro país. Empezamos con el nombramiento de un Gabinete que fue calificado como impresentable. Se pidió el relevo de varios ministros del Gabinete por no poseer currículums, sino más bien por cargar con prontuarios. Ese primer Gabinete marcó una línea de conducta política negativa por parte del Ejecutivo que se ha mantenido hasta el día de hoy, nombrando a personas no idóneas como ministros.

Durante este período pudimos apreciar negligencia del Ejecutivo en el manejo de los conflictos mineros, permitiendo que estos evolucionen sin intervenir, produciéndose afectaciones económicas al sector y a las comunidades involucradas. Por otro lado, tenemos a la educación y la salud a la deriva, sin concretar ninguna obra de infraestructura, necesarias para satisfacer demandas de nuestra población.

El desempeño del aún presidente y su Gabinete de estrecha base durante este período es angustiante. Han permitido y dirigido una presunta organización criminal destinada aparentemente a desfalcar al Estado, integrada por familiares, amigos, paisanos y funcionarios, que son ubicados en puestos para servir a sus propósitos.

La Fiscalía de la Nación nos ha presentado un diagnóstico con fundamentos de la realidad en la que nos encontramos, donde se aprecia la total carencia de principios, valores éticos y morales, ausentes en el Ejecutivo. Las decisiones desde el inicio de su gobierno no se han encontrado basadas en las necesidades del pueblo, sino en sus propios intereses de enriquecimiento ilícito.

Graficando las presunciones de delitos presentadas por la fiscalía podríamos decir que es como si una banda de asaltantes hubiera tomado las riendas del gobierno con la finalidad de enriquecerse burlándose de la justicia y del pueblo que los “eligió”.

La fiscalía ha entregado al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente que nos permite entender la clase de organización criminal creada y los involucrados en ella. Con esta denuncia, la fiscalía requiere que el Congreso le dé la autorización para continuar con las investigaciones al mandatario y sus ministros de Estado, la que, estén seguros, vamos a respaldar al terminar con los procedimientos de ley que se tienen que cumplir.

Es preciso aclarar que con todos los argumentos podemos actuar a la brevedad con promover una vacancia por incapacidad moral permanente, que vendría a ser el camino constitucional más seguro y rápido con el que contamos actualmente.

La ciudadanía debe estar segura de que el Congreso cumplirá cabalmente con preservar la democracia y luchar contra la corrupción utilizando todos los medios y herramientas que la Constitución y las leyes nos proporcionan.

“Mi posición no pretende ocultar los graves problemas de credibilidad que afronta el Gobierno”.

La denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo tiene al menos tres problemas que considero especialmente graves.

En primer lugar, está pidiendo, en base a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ir –desde mi punto de vista– en contra del texto constitucional expreso, pese a que el artículo 117 es claro y no requiere cubrir vacíos o lagunas normativas, pues el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro causales definidas, por lo que, más que una interpretación, se está peligrosamente inaplicando la Constitución y abriendo un antecedente que, más allá de Pedro Castillo, podría resultar perjudicial. En segundo lugar, utiliza de forma inadecuada la mencionada Convención, porque el artículo 30.2 del citado instrumento, si bien señala que los estados procuran medidas para hacer efectivas investigaciones y enjuiciamientos a funcionarios, también señala expresamente que el Estado adopta las que sean “de conformidad con su ordenamiento”, lo que, mal que bien, en el caso peruano implica respetar la norma constitucional del artículo 117 y las reglas de un sistema semipresidencialista diseñado para proteger especialmente a la figura presidencial, que ciertamente debe mejorarse a futuro y abordarse de forma responsable. Finalmente, le asigna al Congreso hacer control de convencionalidad, lo que en definitiva resulta malo, pues un control de esta naturaleza lo debería realizar un tercero imparcial, como la judicatura, en un procedimiento previamente establecido por ley con garantías. Recurrir a un ente eminentemente político en permanente disputa con el Ejecutivo, que no ha querido reconocer las elecciones y con un amplio sector vacador, vulnera la imparcialidad y el debido proceso que cuestiones tan delicadas exigen.

Más allá de la polémica jurídica, preocupa el mensaje que instituciones claves como la fiscalía envía en contextos como los de ahora, pues en una coyuntura altamente polarizada, deberíamos asegurar su plena autonomía e independencia, y no dar pie a que su actuación sea funcional para que otros intenten echar mano de todo el arsenal supuestamente constitucional para usarlo de forma confusa y al unísono pedir vacancia, suspensión o interpretaciones constitucionales. Soy respetuosa de las acciones que realice el sistema jurídico, pero conforme al derecho que me asiste soy crítica de este tipo de decisiones y veo con preocupación la posible politización de las acciones de la fiscal de la Nación.

Mi posición no pretende ocultar los graves problemas de credibilidad que afronta el Gobierno. A diferencia de años atrás, hoy la fiscalía allana, solicita prisiones, detenciones y desarrolla diligencias, como hace poco lo hizo en el Congreso, y actores políticos que antes cuestionaban a esta institución, hoy la defienden. Por ello, asegurar su autonomía es fundamental. En este contexto, corresponde sincerar las cosas y poner sobre la mesa vías para salir de esta crisis permanente en la que nos hemos enfrascado. Esas salidas, como todas aquellas que se dan en democracia, requieren de amplios consensos políticos o acuerdos mayoritarios, pero, sobre todo, de legitimidad. Vías como el adelanto de elecciones deben ir de la mano con reformas constitucionales integrales que solucionen los entrampamientos y limitaciones que hoy tenemos, así como no descartar temas como la asamblea constituyente, en los que el poder soberano (población) también participe.