Cara y sello: ¿Debe el sector privado tener un rol en la vacunación?

En las últimas semanas, con la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país, la discusión sobre el papel que podría cumplir el sector privado en su distribución e, incluso, comercialización, ha tomado importancia. Dos expertas en la materia, Janice Seinfeld y Angela Uyen, ofrecen sus puntos de vista.

Que se imponga la salud pública, por Angela Uyen

“El enfoque desde la salud pública debe imponerse”.

La incursión del sector privado en la importación y comercialización de vacunas para el COVID-19 se viene discutiendo por contraposición: derecha versus izquierda, sector público versus el privado, eficiencia versus burocracia, alegada transparencia versus corrupción. Dejando atrás el tema más importante: la salud publica.

En condiciones ideales toda persona debería acceder a vacunas oportunamente, sin embargo, hoy tenemos escasez global e inequidad en la distribución. Los países ricos han acaparado 60% de las vacunas.

La manufactura es el principal cuello de botella y, debido a las patentes, la producción se limita a la capacidad instalada de los laboratorios y sus plantas. Ante la escasez, es necesario priorizar a quienes puedan beneficiarse más de esta tecnología. Las vacunas aprobadas actualmente son eficaces en prevenir síntomas, enfermedad severa y mortalidad, sin embargo, el impacto sobre la infección es aún incierto. Es decir, una persona vacunada podría infectarse, pero el riesgo enfermar gravemente o morir es reducido.

Las actuales directrices de priorización de la OMS y otras entidades concuerdan en que se debe priorizar a quienes tienen más riesgo de enfermedad severa o muerte, quienes, a su vez, mantienen saturado el sistema de salud. La prioridad es clara: profesionales de salud, seguidos de adultos mayores y pacientes con comorbilidades.

Desde una mirada de salud pública, la comercialización de vacunas impondría un esquema regido por la capacidad adquisitiva. Así, personas de bajo riesgo serían vacunadas primero, la sensación de seguridad les permitiría volver a una “relativa normalidad”, relajando las medidas de control, e incrementando la transmisión. Esta situación puede acelerar la llegada del virus a los más vulnerables, perpetuando la ocupación de camas y la mortalidad.

Por otro lado, sin la experiencia y capacidad instalada –en plena pandemia– , ¿de dónde va a obtener el sector privado el recurso humano y logístico? De darse en paralelo, podría drenar recursos necesarios para el despliegue de la estrategia nacional, poniéndola en riesgo.

Comercializar un bien de alta demanda, capaz de salvar vidas, nos enrostra las recientes experiencias con el oxígeno, camas UCI, pruebas diagnósticas y medicamentos. La ansiedad por conseguir el dinero, la especulación y el mercado negro no se harán esperar, sumados a la desesperación de millones, en un país que nos recuerda que el dinero todo lo compra.

Este hipotético escenario, también requiere la disposición de los proveedores a venderle vacunas al sector privado. Con la escasez actual se esperan precios altos que se trasladarán a los consumidores.

Existen asuntos que el mercado no resuelve. El rol del Estado es proteger a la población, el del privado es generar ganancias, no importa que le llamen “apoyo”. Aquí está en juego un bien más importante: el bien común.

Una vez que el Estado implemente un esquema sobre principios de equidad y exista acceso adecuado a vacunas, hace sentido su comercialización. Hoy no debemos distraernos.

El enfoque desde la salud pública debe imponerse, hablemos de cómo potenciar la estrategia de vacunación ya en marcha, por ejemplo, complementando las capacidades de almacenamiento, distribución y los sistemas de información, y comunicación.

Si se buscan, se encontrarán múltiples espacios para la tan solicitada acción intersectorial.

El sector privado debe tener un rol, por Janice Seinfeld

“Considero que los privados pueden aportar para cumplir la ‘última milla’”.

Sabemos que las vacunas son el arma principal para combatir la pandemia. Por tanto, es urgente que todos los ciudadanos residentes en el Perú tengamos acceso a ellas. En este punto, el rol del Estado es clave, porque define las fases prioritarias de vacunación que todos debemos respetar. Actualmente, es protagonista de la negociación, la decisión y gestión de compra, la autorización sanitaria y la importación de estas tecnologías, pues aún ningún laboratorio (importante) está contratando con actores privados.

Este proceso demanda tener una mirada estratégica para firmar la mayor cantidad de contratos con buenos proveedores lo más rápido posible, así como garantizar el cronograma de entrega. Por ejemplo, Chile ha comprado vacunas para los siguientes dos años, está avanzando en su proceso de vacunación con envidiable velocidad, y seguramente las nuevas vacunas estarán ya ajustadas a las nuevas variantes de la COVID-19.

Al sector público peruano debemos reconocerle su amplia experiencia llevando a cabo exitosas campañas de vacunación. En marzo, con la llegada de dos millones de vacunas, deberíamos terminar con la fase uno: personal de salud, Fuerzas Armadas y policiales, y miembros de mesa.

La segunda prioridad, que son los adultos mayores, personas con comorbilidad y maestros, suman alrededor de cinco millones. De ellos, 1,7 millones están en Essalud y, por tanto, son más fáciles de ubicar para ser vacunados. Otras 600.000 personas están en el programa Pensión 65, a quienes el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene registrados y debería llegar con relativa facilidad. Pero, en los demás casos hay que hacer un esfuerzo mayor con los Gobiernos locales. El Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19, creado en el marco del Decreto de Urgencia 009-2021, servirá para ubicarlos.

Para este segundo grupo de prioridad y también para el tercero –población entre 18 y 59 años–, considero que los privados pueden aportar para cumplir la “última milla”, apresurando el proceso de distribución y vacunación. Las alianzas público-privadas serían muy útiles para disponer de vacunas en todo el país. Además, su aplicación en farmacias y espacios abiertos poco utilizados permitiría llegar más rápidamente a comunidades urbanas y rurales. Como en algunos otros países, pueden apoyar vacunando en estacionamientos de centros comerciales o de esparcimiento.

Pero hoy la principal restricción es la provisión de vacunas. Espero que el Ministerio de Salud (Minsa) logre garantizar la compra de manera que todos podamos estar vacunados en el 2021. Para ello se puede permitir también que actores privados apoyen en la identificación de fuentes de provisión de vacunas, y canalicen estos recursos respetando estrictamente las prioridades que el Estado ha establecido. La desconfianza de que personas se “saltan la cola” aprovechando una posición de privilegio se resuelve implantando un proceso trazable para cada vacuna y para cada persona, que el Minsa debe supervisar.

Es un error ver este desafío como una competencia y no como una oportunidad enorme que Estado y privados trabajen conjuntamente. Los mejores talentos y recursos del país deben estar a disposición de esta cruzada.