¿La “Policía de Orden y Seguridad” es lo más adecuada para combatir la delincuencia en el país?

“¿Bajo qué criterios técnicos se evaluará el desempeño policial durante los tres años de contratación?”.

Si bien el universo actual de policías es de aproximadamente 140 mil efectivos, hay que entender que no todos se dedican a la labor preventiva y de patrullaje. De acuerdo con el sistema de información de unidades policiales, la cantidad de policías que laboran en comisarías básicas (que tienen un vínculo cercano con el ciudadano) es de casi 51 mil efectivos; el resto desarrolla otras labores, como la investigación criminal.

Por ello, tiempo atrás, distintos gobiernos también intentaron incrementar el número de efectivos policiales. Además, en un contexto donde, de acuerdo con el INEI, el porcentaje de víctimas de algún delito ha pasado del 18% (2020) al 25% (abril del 2023), resulta sensato que el actual gobierno plantee el incremento de efectivos policiales.

Sin embargo, hay que entender que esta propuesta del Ejecutivo para crear la categoría de “Policía de Orden y Seguridad” es solo el primer paso de un proceso más largo (luego de la ley, se tiene que elaborar el reglamento y la estrategia para su aplicación). Por lo tanto, más que conclusiones, el proyecto de ley genera una serie de interrogantes que deben ser contestadas por los órganos competentes en un debate abierto que involucre al Gobierno, a los alcaldes y a la sociedad civil. Es el momento para discutir no solo cómo hacer para tener más policías, sino también cómo hacer para tener mejores policías.

Algunas preguntas que considero deben discutirse en torno del proyecto de ley son las siguientes: ¿Qué tipo de filtros se van a aplicar para el ingreso y egreso de los postulantes? ¿Cómo se piensa instruir en temas de derechos humanos; serán clases prácticas o teóricas? ¿Este proyecto será aplicado de manera universal o empezará en alguna zona de alta victimización? ¿Cómo se distribuirá a los policías cuando egresen y en qué lugares? ¿Bajo qué criterios técnicos se evaluará el desempeño policial durante los tres años de contratación?

Sin embargo, también es importante recordar que, para que se reduzca la victimización, que es el objetivo central de una política de seguridad ciudadana, se requieren otras medidas complementarias. En esa línea, es urgente tomar acción sobre el mercado de celulares robados y la venta ambulatoria de chips. De acuerdo con un reciente informe del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, muchas de las extorsiones, de los préstamos irregulares y de las estafas que afectan a los ciudadanos peruanos se realizan con estos teléfonos robados y líneas irregulares. Por otro lado, también es importante evaluar la labor de los alcaldes en materia de seguridad ciudadana. Muchas veces se olvida que los alcaldes son los responsables de liderar la seguridad ciudadana en sus territorios. De allí que sea necesario conocer cómo contribuyen los municipios a reducir la victimización, en qué invierten sus recursos de seguridad ciudadana, cuánto de ese recurso se dirige a actividades de prevención y cómo miden sus resultados.

“Con la expulsión de migrantes y la creación de la ‘Policía de Orden y Seguridad’ no se resuelve el problema de la inseguridad”.

La seguridad ciudadana se entiende como la acción del Estado para proteger al ciudadano, darle bienestar y asegurar su calidad de vida. Este último concepto es clave. Para tener una buena calidad de vida, el Estado, en sus diferentes niveles, debe minimizar los riesgos que puedan atentar contra la vida y la salud; para ello, el ciudadano debe ser el eje central de toda política pública.

La seguridad interna no es un tema fácil, especialmente en un país tan diverso y de escasos recursos como el nuestro. Requiere de un nivel de coordinación intersectorial del Ejecutivo, ya que no solo es un tema policial. Las entidades fiscalizadoras y los servicios de los sectores Transporte, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo, Educación, Ministerio Público, entre otros, deben coordinar con el Ministerio del Interior para prevenir y perseguir delitos.

Asimismo, exige un trabajo intergubernamental para supervisar a los gobiernos locales y regionales que cumplan los planes y políticas de seguridad ciudadana. Si viéramos la gestión pública de manera orgánica y colaborativa, podríamos tener servicios integrados entre los diferentes niveles de gobierno distrital, provincial, regional y central. Por el contrario, actualmente están fraccionados, no logran llegar al ciudadano ni ser para el ciudadano.

Todos conocemos los horarios, lugares y caminos inseguros. Sabemos que manejar en carreteras es un riesgo para la vida. Sabemos qué puentes no cruzar, dónde esconder el celular, qué calles no transitar y qué parques evitar durante el día. Sabemos qué bodega vende licor a adolescentes y niños. Sabemos que nuestras tarjetas pueden ser clonadas. Las mujeres somos las principales víctimas de robo, somos violentadas en nuestras casas, calles y en el sistema de transporte público.

¿Por qué las autoridades no actúan ante lo obvio? ¿Por qué no somos eficientes con nuestros recursos? Debemos empezar segmentando variables por regiones, tipos de delitos, perfiles criminales y densidad poblacional. Concentrar nuestras fuerzas en la calle. Los delitos complejos de economías ilegales o de crimen organizado los investigan muy bien las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, pero necesitan mayor presupuesto, tecnología y logística.

Nuestra primera presidenta mujer no ha mencionado a la juventud, la niñez y la violencia basada en género contra las mujeres y grupos vulnerables durante su discurso y, para el caso de la seguridad ciudadana, ha pedido delegación de facultades para modificar normas que ya existen con respecto del uso de armas y municiones, expulsión de migrantes y creación de la categoría de “Policía de Orden y Seguridad”. Pero así no se resuelve el problema de la inseguridad.

Se necesita acción en las calles, resultados, presencia policial en sitios claves, coordinación con el serenazgo, servicios para los jóvenes, así como adecuados servicios de protección y prevención contra la violencia de género. ¿Por qué no se invierte en dotar a la PNP de tecnología, patrulleros, uniformes, GPS, drones, cámaras, celulares y computadoras, en lugar de tratar inútilmente de modificar la ley?