“¿Organización criminal presidencial?”, por Romy Chang

¿Es Karelim López una aspirante a colaboradora eficaz? ¿Su dicho será suficiente para condenar al presidente Pedro Castillo? ¿Puede reanudarse la investigación fiscal contra Castillo que, en su momento, suspendió la fiscal de la Nación?

Esas son las interrogantes que esta semana se desataron tras conocer que el colaborador eficaz identificado con clave N°1-2022 había revelado la existencia de una organización criminal, liderada por el jefe del Estado, que estaría infiltrada en Palacio de Gobierno, el Congreso de la República y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta tendría como objetivo obtener dinero ilícito a través del cobro de coimas en las diversas licitaciones realizadas para el desarrollo de obras públicas.

Estas revelaciones complicarían muchísimo la situación del actual mandatario, dado que podrían dar lugar a una serie de delitos que se sumarían a los ya imputados en su contra. Así, a la lista de delitos que ya tiene en su haber, podrían sumarse el delito de colusión desleal –que sanciona hasta con una pena de 20 años de cárcel al funcionario y particular que se ponen de acuerdo para conseguir una licitación pública, que beneficie al particular y perjudique económicamente al Estado–, el delito de corrupción de funcionarios –que sanciona con una pena de hasta 10 años al funcionario público que cobra algún tipo de coima o beneficio para la realización de sus funciones–, el delito de negociación incompatible –que sanciona hasta con seis años de cárcel al funcionario que se interesa en un contrato u operación en la que interviene en razón de su cargo y no protege los intereses públicos–, así como el delito de organización criminal –que sanciona con una pena de hasta 20 años de cárcel a quienes integran y lideran una organización destinada a cometer delitos de manera sistemática–.

Si bien el solo dicho de un aspirante a colaborador eficaz no sería suficiente para condenar al actual presidente de la República, este debería bastar para dar lugar a una investigación penal en la que se esclarezca cuánto de verdad existe en lo contado, sobre todo cuando lo contado es corroborado con documentos, llamadas, mensajes de WhatsApp y otros elementos que evidencien los actos ilícitos.

Lo cierto es que, independiente de la larga lista de delitos por los que eventualmente tendría que responder Pedro Castillo, nada podrá hacerse en su contra hasta que la Fiscalía de la Nación decida reanudar los actos de investigación o hasta que deje de ocupar el asiento presidencial. Esto solo ocurrirá cuando termine su mandato o en caso de que sea apartado del cargo por el Congreso de la República.

Al parecer, los días de Castillo están contados y, tarde o temprano, tendrá que someterse a la investigación. Solo nos queda rezar porque ello ocurra más temprano que tarde.