“Cada vez la política se parece más a la sección de policiales. Con ello, es imposible que la campaña logre posicionarse en la agenda pública”.
Poco se discute sobre las autoridades subnacionales. María Isabel Remy (2005) señala que las municipalidades son las instancias de gobierno más cercanas a la población, especialmente para aquellos ciudadanos que viven lejos de las ciudades. La autora menciona que “la experiencia cotidiana de la política […] se inscribe también –y con mayor nitidez– en el ámbito municipal” (p. 111).
Sin embargo, desde la capital existe muy poca información sobre lo que opinan las y los ciudadanos sobre sus autoridades regionales y municipales. Esto se debe a que, en general, las noticias se enfocan en el ámbito nacional, que está aturdido por múltiples y constantes casos delictivos. De hecho, cada vez la política se parece más a la sección de policiales. Con ello, es imposible que la campaña –cada vez más cercana– logre posicionarse en la agenda pública.
En un escenario en el que la política que más se visibiliza es la nacional y considerando que esta última está llena de escándalos de corrupción, no es de sorprender que las próximas elecciones regionales y municipales no logren ocupar el principal interés de la ciudadanía. Para inicios de agosto, el 47% de las y los limeños indica que está “nada interesado” en las próximas elecciones municipales, según Datum Internacional. Según la misma encuestadora, el 24% no votaría por ninguno de los candidatos o votaría en blanco o viciado. Esta cifra supera la intención de voto del candidato Daniel Urresti (23%), seguida de un empate entre el candidato Rafael López Aliaga y el “no sabe por quién votar”, ambos con 17%.
Con ello, existe otra importante razón por la cual las elecciones regionales y municipales no generan entusiasmo: la mala oferta electoral. En un reciente informe para este Diario, Ana Bazo encuentra que al menos ocho personas que postulan a gobiernos regionales han declarado una o más sentencias penales. Por su parte, Ariana Lira halla que el 12% del total de candidatos cuenta con antecedentes civiles o penales. Ante malos candidatos, las y los ciudadanos terminan adoptando un criterio utilitario en el que votan por aquel candidato que es identificado como el más competente, más allá de que sea o no honesto (Martínez, 2016).
Las elecciones son de los pocos momentos de acercamiento entre políticos y ciudadanos. Sin embargo, son los políticos quienes más se alejan de aquellos a quienes deben representar. Diversas investigaciones han encontrado que la percepción de la corrupción está relacionada de manera negativa con la satisfacción con la democracia. Esto ya se evidencia en el Perú, pues según el Latinobarómetro (2020), las y los peruanos cada vez se encuentran más insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. La campaña electoral no entusiasma porque la democracia va perdiendo cada vez más su sentido en el país.
“Las cifras dan cuenta de una sociedad que muestra rechazo y desazón por los políticos y los partidos. Y con razones de sobra”.
De acuerdo con información publicada esta semana, el 88,48% de peruanos considera que más de la mitad de los políticos son corruptos (Lapop, 2022). Esta cifra recogida por el Barómetro de las Américas revela que el Perú es el país con el porcentaje más alto de la región, al que sigue Brasil con 79,4%. Del mismo modo, el 90% de personas indicó que no donaría dinero a una campaña política de acuerdo con una encuesta de Ipsos Perú (Benza, 2020). Estas dos cifras dan cuenta de una sociedad que muestra rechazo y desazón por los políticos y los partidos. Y con razones de sobra.
El flujo de dinero ha sido y continúa siendo un problema en la política peruana. Previa a las reformas realizadas en el marco de las investigaciones por lavado de activos y financiamiento irregular de campaña, casi la mitad de los aportantes de campañas políticas tenían deudas financieras de acuerdo con la ONPE (2014). Siguiendo esta línea, 147 aportaron montos superiores a sus salarios, 385 personas no estaban en el Reniec, algunos figuraban como beneficiarios de programas sociales del MIDIS y casi el 90% de razones sociales aportantes eran poco conocidas (Ames y Nieto Montesinos, 2016).
Sin embargo, las irregularidades siguen. Uno de los candidatos favoritos a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, aparece como el único aportante de partido con más de medio millón de soles. Esta cifra supera el máximo legal de aportes individuales (equivalente a 120 UIT). Y, como si fuese poco, el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso es José Luna Gálvez, que se encuentra investigado por delitos como organización criminal, tráfico de influencia, patrocinio ilegal y corrupción, y que, hasta hace poco, estuvo bajo arresto domiciliario. Incluso estaría presuntamente involucrado en el cobro de cupos a regidores por su partido político, Podemos Perú. Luna Gálvez es además el candidato congresal que más dinero aportó y gastó en campaña. Sus aportes ascendieron a más de S/2 millones, cuando el promedio fue de S/15.450.
Con demasiada frecuencia, vemos que autoridades elegidas son retiradas de su cargo por tener sentencias activas, y reemplazadas por los accesitarios o tenientes alcaldes. Actualmente, el 12% de los candidatos a las presidencias regionales o alcaldías de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 2022 tiene sentencia de carácter penal o civil de acuerdo con la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio. Esta semana se ha dictado orden de captura e internamiento para el congresista Wilmar Elera al ser sentenciado por nada menos que colusión. El congresista por Piura pertenece al partido Somos Perú, que, a su vez, tienen el mayor porcentaje de candidatos con sentencias civiles y penales declaradas en las ERM del 2022.