Renuncia al crecimiento

A lo largo de los años hemos venido escuchando con voces cada vez más fuertes que sin seguridad jurídica no hay inversión. Incluso vemos cómo actores del gobierno proclaman su importancia. Por ejemplo, este año el Ministro de Justicia anunció en una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio Americana del Perú- AMCHAM -la cual agrupa a cientos de gremios empresariales estadounidenses- que “desde el Minjusdh no solo tienen un aliado sino a un defensor de la seguridad jurídica, un defensor constante del Estado de Derecho y de la Constitucionalidad”.

Sin duda, música para todos los oídos defensores de tal régimen democrático y que sabemos de memoria la fórmula: seguridad jurídica es igual a inversiones e inversiones es igual a crecimiento económico. Pues la teoría la tenemos aprendida. Y es muy sencilla. La inversión privada vendrá a nuestro país si se le da la “seguridad jurídica” de que razonablemente pueden confiar que las autoridades peruanas actuarán con respeto al ordenamiento legal. Y, por su parte, la inversión genera mayor capacidad productiva en el país, lo cual se refleja en mayor empleo, mejora en infraestructura de comunicaciones, trasporte, educación y salud, reduciendo la pobreza. Es un win-win que hace gritar “por favor tengan lista esta ‘seguridad jurídica’ y vengan todos”.

Sin embargo la realidad nos muestra que nuestras autoridades, con absoluta irresponsabilidad frente a la población, han optado por olvidar o -renunciar- a esta fórmula ganadora que su propio sector justicia reconoce. Y ni qué decir del inversionista que ya apostó por el Perú y generó los beneficios que aparecen en esta lección. Ellos se van con otra que es la de no volver a invertir más. Veamos uno de muchos. Capital noruego viene invirtiendo hace casi 20 años con dos plantas en el Callao de almacenamiento de productos químicos a través de la empresa Depósitos Químicos Mineros (DQM), la que permitió que Doe Run no destruya el medio ambiente con el ácido sulfúrico que producía en La Oroya. Doe Run burló el pago de su deuda en más de 14 millones de dólares.

DQM tiene un laudo arbitral que ordena se le pague esa deuda y uno de los mecanismos para asegurar ello es que el Minem retenga a favor de DQM el monto que le adeuda Doe Run de la liberación de un fideicomiso ambiental y de las garantías del plan de cierre de minas. ¿Aquí apareció el Minem -como autoridad estatal- a defender la seguridad jurídica para el inversionista? Lejos de ello, el Minem respondió que no acatará la orden de la jurisdicción arbitral, principal garantía para todo inversionista extranjero

¿Dónde está la igualdad de trato a la inversión extranjera que consagra el artículo 63 de la Constitución? ¿Dónde quedó la confianza de que las autoridades respetarán el orden legal y constitucional? Que un ministro de Estado proclame defensa al Estado de Derecho y otro no cumpla con los mandatos jurisdiccionales a favor de la inversión extranjera es el ejemplo más claro de inseguridad jurídica. No es gratis pues que el Perú sea unos de los Estados más demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI en los últimos años. Cuándo aprenderemos.