¿Qué características debería tener su próximo gobernador regional de Cusco?

“A horas de las elecciones municipales y regionales, una gran mayoría de la población electoral aún no decide su voto y eso es preocupante porque se corre el riesgo de equivocarse de nuevo”.

Presos o investigados por corrupción, así han terminado los últimos tres gobernadores de Cusco. Ser gobernador en la región cusqueña se ha convertido en una especie de maldición. Jean Paul Benavente, actual gobernador regional de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, está próximo a dejar el cargo. Sin embargo, carga con más de diez investigaciones en curso en las que, según información de la fiscalía, figura como imputado por delitos de peculado, organización criminal, delitos contra la administración pública, entre otros.

Los antecedentes no son nada alentadores en el sillón regional. Edwin Licona gobernó Cusco en el período 2015-2018 y es investigado por haber adjudicado obras de descolmatación de ríos “fantasmas” a 19 empresas en el 2016. Se le imputa delitos de colusión simple, negociación incompatible y cohecho pasivo propio. Su proceso se encuentra en ‘stand by’ y la exautoridad hasta el año pasado cumplió comparecencia restringida.

Jorge Acurio gobernó entre el 2011 y el 2013, no cumplió su mandato por serias implicaciones en actos de corrupción, estuvo internado en prisión por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Habría recibido una coima de US$1,25 millones de la empresa Odebrecht a cambio de concesionar las obras de la vía Evitamiento de Cusco, un juzgado le varió su condición legal y le impuso arresto domiciliario.

De igual forma, Gonzales Sayán, gobernador durante el período 2007-2010, cumplió una condena de más de ocho años por haber favorecido con obras de mantenimiento de 13 vías a la empresa JS Contratistas en el 2008.

En total, fueron 16 años de gestiones cuestionadas y oscuras. Cusco está pagando por los errores de sus gobernantes. Si bien el proceso de descentralización ha significado el incremento de la transferencia de los recursos a los gobiernos regionales, esto abrió las puertas para malos manejos y corrupción, ya que, en muchas ocasiones, la fiscalización ha estado ausente o ha sido débil.

Los cusqueños sabemos cuánto nos cuesta la corrupción. Esta hizo que no tengamos el hospital Antonio Lorena, una obra que estuvo paralizada y que, de haberse terminado, habría podido recibir a miles de pacientes con COVID-19 que fallecieron.