¿Qué resultados podría traer la visita de la misión de la OEA al Perú?

“Sin una salida negociada entre los diferentes actores políticos, la crisis en el Perú va a continuar”.

Sin duda alguna, el pedido del Gobierno Peruano a la Organización de Estados Americanos (OEA) –invocando la Carta Democrática Interamericana– buscó hacer frente a una coyuntura difícil para el presidente Pedro Castillo a partir de la denuncia presentada por el Ministerio Público.

No obstante, si bien “sobrevivir” en estos momentos es una prioridad para el gobierno peruano, la defensa de la democracia y la gobernabilidad también constituyen una necesidad para el futuro del país. Es allí donde la misión de alto nivel que va a enviar la OEA puede ser de gran ayuda.

El trabajo que va a realizar debería resultar en un informe crítico acerca de la situación de la democracia peruana. Lo señalado en la comunicación enviada por el gobierno peruano al secretario general de la OEA denota la existencia de una oposición intolerante y poco respetuosa de la institucionalidad. Pero esta es solo una cara de la moneda. El gobierno del presidente Pedro Castillo no se ha mostrado transparente, toma decisiones arbitrarias y no ha deslindado de un entorno que no parece ser respetuoso de la legalidad. Además, no cabe duda de que el Perú se ha vuelto un país ingobernable desde el 2016.

Una vez superada esta primera etapa y presentado el informe ante el Consejo Permanente de la OEA, el organismo regional debería asumir un papel más activo. Frente al debilitamiento de la democracia en América Latina, el accionar de la OEA en la crisis peruana podría convertirse en un caso emblemático. Ello explica la rapidez de la respuesta y la conformación de una misión con bastante legitimidad (compuesta por cincos cancilleres en funciones y que denota un balance entre las diferentes tendencias existentes).

Brindar sus buenos oficios podría ser el camino a seguir. Esto se puede materializar de muchas formas, una de ellas puede ser a través de una mesa de diálogo –como sucedió a finales del gobierno de Alberto Fujimori– que permita a la OEA reunir a todos los actores involucrados en la crisis. Discutir sobre una reforma política y nuevas reglas que recompongan la maltrecha democracia peruana, así como la posibilidad de algún tipo de transición, se convierten en temas de gran importancia (incluso al margen del mantenimiento de Castillo en el poder).

Cabe señalar que la participación de la OEA no debería significar ninguna intromisión en los procesos judiciales que se vienen desarrollando contra autoridades o personajes del entorno gubernamental, salvo que exista alguna situación que altere el orden democrático o que la justicia se convierta en una herramienta política.

Y si bien la polarización hace muy difícil establecer un espacio de negociación, a nivel comparado se han dado crisis de mayor complejidad –incluso con graves casos de violencia–, en el que se han logrado llegar a acuerdos políticos. Sin una salida negociada entre los diferentes actores políticos, la crisis en el Perú va a continuar, tal y como ha sucedido en los últimos años. No hay democracia que aguante tanto.

“Espero que la misión de observación de la OEA no se transforme en un instrumento presidencial”.

La Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima en el 2001, es una resolución de la Asamblea General de la OEA que condensa las necesidades de conjugar el principio de no intervención con la necesidad de afrontar los quiebres democráticos. Como no es un tratado, su aplicación y vigencia se basan en la legitimidad política que le asiste desde su origen, pues respondió a un mandato de los presidentes de los países de América.

En este documento, se establecen los principios esenciales de la democracia y se especifican las acciones que se pueden adoptar para defenderla, siendo la máxima sanción la suspensión del estado ante la OEA. Esto solo lo puede aprobar la Asamblea General por una mayoría calificada, como ocurrió con Honduras en el 2009.

La Carta Democrática ha sido aplicada en sus dos décadas de vigencia en una diversidad de ocasiones; 20 en concreto. Cuando se resume el accionar de la OEA a través de la designación de una misión de observación, se aprecian tres tipos de intervenciones: la gestión de los golpes de estado, la prevención de las alteraciones constitucionales y la supervisión del proceso democrático.

En todas ellas, vamos a tener un patrón de conducta: se suele fomentar una mesa de negociación y acuerdos, o una mesa de diálogo, en la que el objetivo es la búsqueda de una salida a la crisis pacífica, electoral, democrática y constitucional, con una participación del amplio espectro de los representantes de la sociedad, en la que se acuerda como mecanismo de salida al conflicto político la realización de una reforma constitucional y/o la realización de un referéndum. Esto ocurrió en los casos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua (precisando que en este último lo que se tiene es el pedido de retiro de la OEA presentado por su mandatario Daniel Ortega).

Dicho esto, cuando se dictó la Carta Democrática la composición política del continente era otra. Hoy se utilizan las normas para autogolpes, cuando no para preservar las dictaduras, y se vive una instrumentalización del paradigma democrático en función de un determinado contenido político.

La misión de observación que vendrá al Perú está compuesta mayoritariamente por cancilleres en funciones. Esto genera la impresión de que vendrán a proteger al presidente Pedro Castillo, puesto que es aliado de los países que ellos representan. Espero que los funcionarios de la OEA que los asesoran eviten que esto ocurra y procuren tomar un real conocimiento de lo que acontece en el Perú los días de la visita oficial.

Aquí hay una crisis de gobernabilidad propiciada mayormente por la falta de capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus funciones de desarrollar políticas públicas y servicios ciudadanos, cuando no de evitar responder ante las acusaciones de corrupción que rodean al presidente y su entorno más cercano.

Espero que la misión de observación de la OEA no se transforme en un instrumento presidencial para lograr, a través de una mesa de diálogo, la imposición de una asamblea constituyente que propugna desde sus días de candidato y que, además, no ha sido aceptada por las instancias constitucionales nacionales.