Romper el círculo de la inseguridad

El 65% del Perú, según una encuesta de Ipsos, está preocupado por el crimen y la violencia en el país. Una cifra que no solo pone a la inseguridad ciudadana como la mayor fuente de inquietud de los peruanos –por encima de la pobreza (33%), el desempleo (31%) y la corrupción (47%)–, sino que también nos coloca, a propósito de este indicador, en la cima de la lista de los 29 países que evaluó la encuestadora en noviembre para su informe “¿Qué preocupa al mundo?”.

La inseguridad es un problema cuyas peores consecuencias se expresan en el campo individual. En las personas que lo pierden todo por una estafa, en los negocios llevados al borde de la quiebra por extorsionadores, en las familias que pierden a uno de sus miembros. Sin embargo, las repercusiones de esta situación se extienden por todo el país.

El crimen, en fin, tiene un efecto meridiano en nuestro desarrollo. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 3,5% del PBI de América Latina y el Caribe se pierde a causa de él o de su prevención (pérdida de tiempo productivo, gastos empresariales y públicos en seguridad y justicia penal). También afecta negativamente la inversión extranjera, genera incertidumbre entre los emprendedores, distorsiona los hábitos de consumo y afecta la productividad. Todas circunstancias que perjudican el crecimiento y la calidad de vida de los ciudadanos y que suman, en un círculo vicioso, a las condiciones que permiten que el problema siga expandiéndose.

Por estas razones, las empresas privadas tenemos motivos de sobra para involucrarnos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y, con ese objetivo, nace el Observatorio del Crimen y la Violencia, un proyecto del BCP y del Banco de Ideas Credicorp de la mano con CHS S.A., que a comienzos de la semana lanzó su primer reporte. Hemos querido que toda la ciudadanía tenga la mayor cantidad de información sobre la criminalidad en el país en un solo sitio, con data actualizada y oportuna, para que pueda fiscalizar cómo responde el Estado ante este problema y para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones.

Los flancos débiles revelados por este primer reporte son claros. Existe un divorcio, por ejemplo, entre la cantidad de denuncias por extorsión y el número de personas que purgan pena por ese delito. Es increíble, por ejemplo, que entre el 2020 y el 2023 las denuncias por extorsión a escala nacional hayan pasado de 1.896 a 17.426, mientras que el número de internos en penales por ese delito se redujo de 1.113 a 1.073. A todas luces, algo anda mal aquí.

Por otro lado, en el 2024 la tasa de homicidios pasará a ser de 10 u 11 por cada 100.000 habitantes (solía ser de ocho). En Lima, en los últimos tres meses, el 21% de adultos ha sido o conoce a alguien que ha sido víctima de préstamos gota a gota. Y, por citar otro problema que aborda el informe, es evidente el impacto que normas antitécnicas, como la que permitió la ampliación del Reinfo, tienen en áreas como la minería ilegal.

En fin, una serie de diagnósticos y propuestas de solución, planteadas por expertos independientes como Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, que buscan servir de nexo entre el sector privado y el público para enfrentar un problema que es de todos y romper el círculo vicioso de la inseguridad.

Como es claro, el crimen y la violencia tienen un impacto profundo en el futuro del país y en el bienestar de todos los peruanos. Y es clave que toda la ciudadanía se involucre en monitorear el avance de esta situación y en exigir soluciones al Estado.